El Ministerio Público (MP) logró privativa de libertad para Alí Guillen y Rafael Méndez por su presunta responsabilidad en la muerte de la jefa de Recursos Humanos del Centro Penitenciario de la Región Andina (CPRA), Roxanne Molina, hecho ocurrido el 24 de mayo a la salida de las mencionadas instalaciones, ubicadas en el municipio Sucre, estado Mérida.
Durante la audiencia de presentación, las representantes de los despachos fiscales 47º nacional, 3º y auxiliar de esa jurisdicción, respectivamente, imputaron a Guillén por la presunta comisión de los delitos de sicariato en grado de coautor, ocultamiento de arma de fuego y asociación para delinquir. Adicionalmente se imputó a Méndez por presuntamente incurrir en los delitos de sicariato en grado de cooperador y asociación para delinquir.
Tales delitos están previstos y sancionados en el Código Penal y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
En ese sentido, el Tribunal 5° de Control del estado Mérida, con base en los elementos de convicción expuestos por las fiscales, dictó la medida privativa de libertad para los dos hombres y fijó como sitio de reclusión el Internado Judicial de Trujillo, mientras se cumple el lapso correspondiente para la presentación del acto conclusivo.
De acuerdo con la investigación preliminar, el citado día, en horas de la tarde, la funcionaria se retiraba de las instalaciones del mencionado centro de reclusión, cuando fue interceptada por dos personas, quienes le dispararon en varias ocasiones, por lo que fue llevada a un centro de salud cercano, donde murió horas más tarde.
El 09 de junio, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas ejecutaron una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público y acordada por el Tribunal 5º de Control de Mérida, lográndose la captura de los dos hombres en la población de Ejido.