En medio de una situación de carácter excepcional que pone en peligro a la nación y que se ha dado en Venezuela por los efectos de la guerra no convencional promovida por sectores de la derecha, el Gobierno Bolivariano ha aplicado medidas preventivas extraordinarias en el orden económico para la protección de los derechos de los ciudadanos, puntualizó el procurador general de la República, Reinaldo Muñoz, ante el Consejo de Derechos Humanos (DDHH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, Suiza.
Durante la presentación del modelo para los Derechos Humanos de Venezuela ante la ONU, Muñoz recalcó que todos los derechos reconocidos en la Constitución y los tratados ratificados por Venezuela se encuentran vigentes en la nación.
En este sentido, explicó que el estado de emergencia económica decretado por el Ejecutivo Nacional no ha implicado derogar derechos humanos internacionalmente protegidos sino que garantiza «el cumplimiento de dichos derechos, en particular los relacionados con el acceso a los bienes y servicios básicos para la vida e integridad física y moral, y para cumplir con sus variaciones fundamentales relativas a los derechos humanos, especialmente aquellos derechos que buscan proteger a los más vulnerables y los más pobres».
Muñoz señaló que el fundamento constitucional de la categoría de estado de excepción denominada emergencia económica busca «facilitar la acción protectora del Estado mediante medidas económicas y sociales extraordinarias y preventivas en materia de alimentos, medicinas y servicios sociales esenciales».
Enfatizó que el estado de emergencia «no pone entre paréntesis los derechos humanos sino que es un mecanismo necesario para garantizar el cumplimiento de derechos».
La canciller de la República, Delcy Rodríguez, en esta presentación, enfatizó ante la ONU que el modelo para los derechos humanos en Venezuela es profundamente irreversible y tiene como centro al pueblo.