La Procuraduría General de la República de Colombia abrió una investigación contra el Ministro de Defensa de ese país, Luis Carlos Villegas, y toda la cúpula militar, por la ausencia de la Fuerza Pública en el corregimiento de Conejo (La Guajira), lo que permitió el ingreso del Secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP).
El Ministerio Público busca establecer si se impartió una orden para que las Fuerzas Militares abandonaran el territorio, en el que hicieron presencia los negociadores de la guerrilla el pasado 18 de febrero, cuando impartieron un evento público para la socialización de los acuerdos de paz alcanzados en La Habana, Cuba.
Para el Ministerio Público, es abiertamente ilegal ordenar la salida de las Fuerzas Militares de cualquier lugar del territorio nacional, de ahí la decisión del procurador Alejandro Ordóñez.
La evidencia de que el grupo armado estuvo en la región sin la presencia de la fuerza pública generó aireadas reacciones de la oposición y de la Procuraduría.
De acuerdo con el jefe del Ministerio Público, “podría constituir una violación a la ley 418 de 1997”, que prohíbe que “en ningún caso podrán establecerse órdenes especiales de localización a la Fuerza Pública para la creación especifica de zonas de ubicación o despeje de cualquier parte del territorio nacional”.
Ordóñez quiere que se le precise si es cierto que las FARC-EP ingresaron a una escuela con estudiantes de esa misma región, lo que constituiría una grave infracción al derecho internacional humanitario, comprometiendo también los deberes de la fuerza pública.
Tras la polémica generada, las FARC-EP emitieron un comunicado, en el que calificaron de injustificada la polémica generada y advierten que con el argumento de proselitismo armado se pretende imponer el aislamiento de la delegación y la prohibición de interactuar con los distintos sectores de la sociedad que están interesados en conocer el desarrollo de los Diálogos de Paz.