La Procuraduría General de Colombia (Ministerio Público) dijo que comenzó una indagación contra el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, por presuntamente haber ordenado a sus tropas mejorar los resultados operacionales, lo que podía revivir los «falsos positivos» o asesinatos extrajudiciales.
«El órgano de control busca determinar la existencia de supuestas irregularidades denunciadas por el diario norteamericano The New York Times (NYT), sobre la presunta implementación de una política al interior del Ejercito Nacional que podría ser similar a la que desencadenó los llamados «falsos positivos'», indicó la Procuraduría en un comunicado.
La Procuraduría decretó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria, identificar e individualizar los supuestos autores, y esclarecer los motivos determinantes de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron.
Según indicó, el general Martínez «podrá solicitar ser escuchado en versión libre».
El pasado 18 de mayo, el NYT publicó un artículo del periodista Nicholas Casey titulado «Las órdenes de matar del Ejército ponen en riesgo a civiles», según el cual documentos privados del Ejército a los que tuvo acceso el reportero, así como los testimonios de tres militares, dejaban ver un posible impacto en el incremento de muertes extrajudiciales de civiles.
Asimismo, el artículo señaló que la instrucción del alto mando militar compensaría con «incentivos» los logros alcanzados por las tropas, las cuales podrían «aliarse» con grupos criminales y paramilitares para mejorar la efectividad de las operaciones, igual que como sucedió en años anteriores durante las prácticas de los «falsos positivos».
Luego de una polémica que se generó en el país a raíz de la publicación, el pasado 27 de mayo el Comando del Ejército de Colombia anunció que retirará el documento presentado a las tropas en enero de este año, que contaba con la aprobación del Gobierno, mediante el cual se ordenaba aumentara sus resultados operacionales.
«Para evitar malas interpretaciones», el Comando del Ejército decidió retirar el documento, dijo el general Martínez al diario local El Tiempo.
Entre 2002 y 2008 (durante el gobierno del derechista Álvaro Uribe), brigadas del Ejército en todo el país asesinaron de manera extrajudicial a miles de civiles para reportarlos como guerrilleros caídos en combate, en lo que se conoce como casos de «falsos positivos», con los cuales los militares recibían ascensos y beneficios.
Los tribunales colombianos condenaron a más de 800 miembros del Ejército por ejecuciones extrajudiciales, en su mayoría soldados y suboficiales, aunque las autoridades no han llevado a cabo investigaciones exhaustivas sobre los altos mandos del Ejército y, por el contrario, han ascendido de rango a militares presuntamente implicados en ese tipo de hechos.
Un día después de la publicación, el periodista Nicholas Casey anunció que dejó Colombia luego de que recibió una serie de presiones por redes sociales como consecuencia de su artículo.