Los programas de vivienda siempre se han dirigido a los más pobres que, no teniendo para satisfacer sus necesidades básicas, menos tienen para proveerse una vivienda digna y, en consecuencia, requieren la ayuda del Estado en ese y otros campos para salir de la pobreza.
Pero existe un segmento social que pudiendo satisfacer sus necesidades básicas no recibe ayuda del Estado, a no ser que se incorpore a los planes diseñados para los más pobres, con el objetivo de adquirir bienes y servicios en condiciones ventajosas.
Sin embargo, ese segmento, conocido en nuestra aun sociedad de clases como clase media baja, teniendo alguna capacidad económica, no puede acceder a los precios de la vivienda en el mercado.
Entre los años sesenta y setenta del siglo XX, el Estado construyó viviendas para ellos, pero lo hizo diferenciando su vivienda de la que se hacía para los más pobres.
Así, mientras la de los pobres era segregada en grandes desarrollos y sometida a ecuaciones de mínimos para bajar los costos, la de la clase media se asociaba a los cánones de la propiedad horizontal con planta baja libre y áreas desde 90m2; habitación de servicio, ducto de basura y conserjería para tener quien la saque. En esos tiempos no había contradicción entre la sociedad de clases y el Estado reformista que se erigía en su promotor.
En estos tiempos de revolución aspiramos a la sociedad sin clases y, por lo tanto, no podemos promover lo contrario.
Sin embargo, la formulación de planes diferenciados para las distintas capacidades adquisitivas no deja de ser pertinente, pero no por eso debe establecerse diferencia entre los productos inmobiliarios.
Tampoco deben igualarse en la baja calidad de unas ecuaciones de mínimos diseñadas para aumentar las ganancias de las empresas constructoras, sino equilibrarse en un estándar de calidad digno, racional y ejemplar que sólo puede ser formulado desde la vocación de servicio propia del Estado.