Un grupo de profesores y estudiantes de la Universidad del Zulia (LUZ) acudió este martes a la Defensoría del Pueblo para plantear la situación que vive la comunidad universitaria de esa casa de estudios, como consecuencia del paro indefinido promovido por Fapuv en las universidades autónomas.
La profesora Mayela Vílchez, representante del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria ante LUZ, acompañada del profesor Sergio González y la abogada Norys Márquez, solicitaron a la Institución su intervención en el ámbito judicial para que se ordene el reinicio de clases en esa universidad.
Vílchez, González y Márquez manifestaron que este paro indefinido vulnera el derecho a la educación de los adolescentes y jóvenes estudiantes e incluso de quienes tienen previsto entrar a la universidad durante este año. Consideran que el paro ya no se justifica debido a que los profesores recibieron un sustancioso aumento salarial que ya han comenzado a cobrar.
Además, sostienen que las grandes víctimas de la paralización de actividades son los estudiantes en condiciones especiales, entre ellos las personas con discapacidad y los estudiantes que viven fuera de la ciudad, como es el caso de numerosos estudiantes indígenas, que deben sufragar gastos adicionales por la paralización de servicios dentro de la universidad.
El grupo fue atendido por el Director General de Servicios Jurídicos, Larry Devoe, y la Directora del Despacho de la DdP, Eliana Cherubini, quienes manifestaron que revisarán las solicitudes conjuntamente con la Defensora del Pueblo y darán una respuesta en los próximos días.
Hendrix Zabala, quien posee autismo leve y es estudiante de Arquitectura, manifestó que la paralización de actividades le ha significado un riesgo de deterioro de su salud debido a la inactividad. Una situación similar planteó Jean Piero Montiel, quien sufre de discapacidad auditiva, y manifestó estar muy desmotivado por no saber cuándo se reiniciarán las clases. El adolescente Alexander García también manifestó que la paralización estaba violando su derecho a la educación.
Tanto profesores como estudiantes, así como otros miembros de la comunidad universitaria, firmaron dos solicitudes para que la Defensoría interponga una acción de amparo constitucional ante los tribunales competentes para que se restablezcan de forma inmediata las actividades docentes, de investigación y extensión que fueron suspendidas por orden de Fapuv; y una acción judicial de protección ante un tribunal de protección de niños, niñas y adolescentes, en favor de los adolescentes que cursan estudios universitarios, para que haga cesar la amenaza grave de pérdida del actual periodo lectivo y restituya su derecho a la educación.