Sacha Llorenti, ministro de Gobierno de Bolivia, entrevista radial desde Nueva York, donde acompaña al presidente Evo Morales en la 66 Asamblea General de las Naciones Unidas, reveló que en Estados Unidos descubrieron vínculos del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) y la marcha indígena en protesta por una vía interdepartamental.
Sánchez de Lozada permanece prófugo de la justicia en el norteño país a donde se fugó en el 2003, tras ser acusado de ser el principal responsable de una represión militar a una manifestación social, con saldo de 68 muertos y más de 400 heridos, conocida como “Octubre Negro”.
Llorenti precisó que al retorno a La Paz se darán todos los detalles de esta nueva maniobra para desestabilizar el proceso de cambio.
Recordó que ya en una anterior oportunidad advirtieron de varios elementos que contaminaron la caminata impulsada por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) que partió el pasado 15 de agosto de Trinidad hacia la ciudad de La Paz.
El representante del Ejecutivo boliviano condenó que la nueva ofensiva tenga que ver con una conspiración política de la derecha nacional e internacional.
Anticipó que en la sede de la ONU se reunió con representantes de una organización no gubernamental (ONG), en la que, tras una explicación, entendieron esa posición.
Además se refirió a la presencia de efectivos policiales en el poblado de Yucumo (Beni) y ratificó que la misión es evitar un posible enfrentamiento entre marchistas indígenas y 20 sectores que respaldan la construcción de la carretera que unirá al occidente con el oriente del país.
Este miércoles, el gobierno boliviano confirmó que acudirá al diálogo solicitado por la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), el próximo 26 de septiembre, en la localidad de Camiri (Santa Cruz).
El titular de la Presidencia, Carlos Romero, precisó que la organización, liderada por Celso Padilla, acordó acudir a esa vía y no continuar con la marcha en rechazo a la construcción del tramo II entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos.
Antes el Ejecutivo había denunciado que tras la caminata se mueven intereses políticos y son impulsados por algunas ONG y la Embajada de Estados Unidos.