En el transcurso de estos años la legislación ha avanzado en mecanismos de protección al adulto mayor.
El derecho preferencial ha permitido que sectores de la población tomen conciencia para aplicar medidas, como taquillas especiales en las entidades bancarias, descuentos en pasajes terrestres y aéreos, entrada libre al Metro de Caracas, construcción de rampas de acceso en edificios comerciales y residenciales.
Sin embargo, aun subsisten conductas contrarias a esa norma general.
Lo vemos en las colas para las compras en los abastos públicos, donde el trato es igual para todas las personas, sin tomar en consideración la edad o la discapacidad aunque ésta sea visible, como el uso de muletas, andaderas y sillas de ruedas.
El delito cometido con los productos regulados, desviando su punto de origen hacia comerciantes privados inescrupulosos y a los “bachaqueros” es una violación al derecho humano de las personas adultas mayores y las personas con discapacidad.
Eso demuestra la baja condición moral de quienes la ejecutan. No por el delito en sí mismo, sino porque quitarle la comida al pueblo y en especial a los sectores más débiles, es condenable desde cualquier punto de vista.
En las Asambleas de pensionados presentan las denuncias que en los paquetes de billetes de baja denominación hay un pequeño faltante. En otros casos, la suma es superior, pero la excusa es que las remesas ya vienen empacadas desde la oficina central y no es responsabilidad de quienes las entregan en las taquillas. Ya vimos que hay detenidos por esos hechos en el Estado Carabobo.
En definitiva, es una violación al derecho de recibir el subsidio en la compra de alimentos y el pago de la pensión otorgada por la seguridad social.