A raíz de los resultados del denominado “Operativo Protección y Liberación del Pueblo” en la ciudad de Caracas, desde Provea nos preguntamos si su despliegue se corresponde a lo que hace ya una década prometía el proceso de reforma policial, promovido desde el propio gobierno del presidente Chávez, el cual generó múltiples expectativas.
En base al diagnóstico realizado por la Comisión Nacional de Reforma Policial (Conarepol) Provea ha expresado sus preocupaciones porque los funcionarios policiales hayan cometido excesos, solicitando a las autoridades competentes la investigación de los hechos.
En el estudio de la Conarepol del año 2006 “Características de la Policía Venezolana” introduce el término de “letalidad policial” para describir el comportamiento de los funcionarios destinado a eliminar y no a neutralizar al presunto delincuente mediante el uso diferenciado y progresivo de la fuerza: “Otro indicador de la letalidad policial es la desproporción entre civiles heridos y muertos. Así, en 2005, por cada civil que es lesionado en enfrentamientos con la policía fallecen en iguales condiciones 3 ciudadanos”.
La conclusión de Conarepol es “estamos frente a una policía que mata más que hiere, triplicando la cifra de decesos la de lesionados”. Además, afirman que si a esta situación se añade la desproporción entre bajas policiales y civiles, es decir, que se reporten fallecidos y lesionados del lado de los ciudadanos pero no existan dentro de los funcionarios “permite suponer el encubrimiento de ejecuciones bajo la figura de enfrentamientos”.
La Conarepol diagnosticó que en el caso de denuncias de violación de derecho a la vida el patrón más frecuente era el de ejecuciones extrajudiciales: “que supone el uso organizado, premeditado y planificado, frecuentemente por parte de un grupo de policías, de la fuerza física letal, con fines de escarnio o castigo extra-judicial”.
Este diagnóstico realizado por un propio órgano promovido por el presidente Hugo Chávez en su momento, para transformar el modelo policial en el país, son los argumentos que ha utilizado Provea para pedir a la Fiscalía General de la República y al Defensor del Pueblo una investigación para determinar si la actuación de los funcionarios en la Cota 905 estuvo apegada a las leyes y los estándares en materia de derechos humanos.
Provea lamenta que esta voluntad de transformar el modelo policial en el país no haya tenido continuidad bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro y que se estén repitiendo las razzias indiscriminadas en las zonas populares que tanto fueron criticadas en la Cuarta República, pues según la propia Fiscalía de las 134 personas detenidas el pasado lunes 13 de julio sólo 19 poseían antecedentes criminales.