Cientos de militantes revolucionarios y habitantes de la gran Caracas marcharon este lunes por varias avenidas del centro de la capital hasta el Palacio Federal Legislativo, para ratificar su respaldo a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), instalada el pasado viernes 4 de agosto, y pedir que se haga justicia ante los ataques de la derecha nacional contra el pueblo venezolano.
Desde horas de la mañana comenzaron a concentrarse miembros de diversos movimientos e instancias del poder popular organizado en las adyacencias de la Plaza Morelos, en la avenida México. Movimientos sociales, políticos y juveniles, y representantes de algunas instituciones insignias del gobierno Bolivariano como la Gran Misión Vivienda Venezuela, la Misión Nevado y empresas estatales prestadoras de servicios, cantaban consignas en apoyo a la ANC, y entonaban canciones del cantor del pueblo, Alí Primera, y temas musicales dedicados al líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez.
Mientras dirigentes políticos y constituyentes se incorporaban a la concentración, los ciudadanos asistentes a la movilización ratificaban su apoyo a las decisiones tomadas por la ANC en su primera sesión como poder instituido en la nación, e instaban a tomar acciones con prontitud frente a los ataques, económicos y de violencia política emprendidos por la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que buscan castigar al pueblo venezolano y que contaron, durante más de 3 meses, con la protección de la Fiscalía General de la República.
Durante la marcha, la multitud coreaba consignas en apoyo a la destitución de Luisa Ortega como Fiscal General, ejecutada por la ANC luego de que el Tribunal Supremo de Justicia sentenciara la falta grave, ética y moral de Ortega en detrimento de sus funciones y deberes como fiscal.
En este sentido, muchos de los asistentes expresaban deseo de acciones contundentes por parte del nuevo fiscal general, Tarek William Saab, ante los ataques económicos contra el pueblo trabajador, a los llamados a la violencia de calle y el financiamiento y complicidad con acciones terroristas ejecutadas por dirigentes políticos de oposición, que durante más de tres meses ocasionaron más de 100 muertes en circunstancias de violencia política en todo el país.
