El gobernador Alejandro García Padilla confirmó este domingo, en un mensaje por televisión, que Puerto Rico incurrirá mañana (lunes) en el impago parcial de 422 millones de dólares de una deuda del Banco Gubernamental de Fomento
«Fue una decisión difícil, que habría preferido no tomar, pero los que tomaron y gastaron esos préstamos no dejaron fuentes de repago», expresó abrumado sobre su determinación que involucra a acreedores de Wall Street y fondos buitres.
Explicó que en la víspera firmó un decreto para activar la recién aprobada Ley de moratoria de emergencia y rehabilitación financiera, que le permite tomar medidas extraordinarias en estas circunstancias.
Su decisión, expuso, está justificada porque, debido a la inacción del Congreso de Estados Unidos, este Estado Libre Asociado (ELA) no cuenta con las herramientas para sobrellevar ese pago y al mismo tiempo asumir los gastos de los servicios esenciales de la ciudadanía.
«Nos hemos visto obligados a tomar medidas de emergencia en vista de que el Congreso no ha actuado; una de esas medidas es poner en vigor la Ley 21, la ley de moratoria, (cuyo) propósito es proteger el pago de los servicios básicos a nuestra gente», afirmó.
García Padilla recordó que ha viajado múltiples veces a Washington en los últimos tiempos para solicitar al Congreso que «nos provea las herramientas para reestructurar nuestras deudas», ascendentes a 70 mil millones de dólares.
Aclaró que «no queremos un rescate financiero, ni nos han ofrecido un rescate financiero, lo que queremos es un proceso de reestructuración que no les costará nada a los contribuyentes de Estados Unidos; simplemente necesitamos las herramientas legales que nos permitan enfrentar la crisis».
El mandatario explicó que su anuncio está apegado a las leyes puertorriqueñas, aunque hubiera preferido contar con un marco legal que permitiera cumplir con todas las obligaciones con los acreedores, incluyendo aquellas contraídas por otros gobernadores.
«Pero al enfrentarnos con la falta de liquidez, he tenido que elegir, y elegí», resumió.
Manifestó al Congreso estadounidense que le daría la bienvenida a una junta de supervisión fiscal que asistiera al gobierno de Puerto Rico en el proceso de balancear su presupuesto y mejorar su disciplina fiscal, para que «los errores que cometieron gobernadores del pasado no los cometan otra vez gobernadores del futuro».
Mas estableció su oposición firme a una junta de control fiscal con funcionarios federales, cuyas decisiones prevalezcan sobre las del gobierno puertorriqueño, decidiendo cómo se gasta nuestro dinero o a quién se le paga primero, o que tenga el poder de vetar, de enmendar o de derogar nuestras leyes a su antojo, como quieren los republicanos en el Congreso.