El Gobierno de Puerto Rico inició este jueves un largo camino para el pago de su deuda pública estimada en 70.000 millones de dólares, bajo un mecanismo de bancarrota que solicitó el gobernador Ricardo Rosselló y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
Rosselló aseguró, mediante una conferencia de prensa, que no tomará una ruta «que redunde en más sacrificios para el pueblo de Puerto Rico» y que «las necesidades esenciales del pueblo estarán primero siempre».
El gobernador de la isla precisó que está «trabajando por Puerto Rico» y que afrontará «todos los retos que se presenten poniendo al pueblo primero».
A su vez, dijo que existe la «percepción» de que el Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, conocida como la Ley Promesa, en la que está amparado el proceso, «es la quiebra, simplemente esto ha sido un proceso para tener la protección de la corte a las demandas frívolas y una base para poder renegociar los términos de la deuda».
La Ley Promesa fue aprobada en 2016 en el Congreso de Estados Unidos (EE.UU.) con el supuesto objetivo de dar solución a un caos que se avecinaba ante la imposibilidad de devolver una deuda de 70.000 millones de dólares.
Esta ley obliga a Puerto Rico, que es un Estado Libre Asociado de EE.UU. desde 1952, a tener sus finanzas bajo el tutelaje de una JSF nombrada desde Washington, que funcionará hasta que la isla tenga cuatro años seguidos sin déficit fiscal y que, a su vez, podría imponer a la isla un plan de austeridad, reformar la legislación puertorriqueña y ajustar sus prioridades económicas.