Cuando se toman decisiones gubernamentales hay que entender que las mismas estarán inmersas en un contexto social, económico y político complejo en el que surgirán reacciones de todo tipo, a favor, neutrales o en contra de dichas medidas. Inclusive, a nivel de planificación estratégica situacional, siempre se privilegia el proyectar distintos escenarios probables en función de la táctica inmediata que se está considerando aplicar.
Partiendo de la idea de que los gobiernos son elegidos para gobernar, para ejercer el poder en función del beneficio de los gobernados, es contraproducente la toma de decisiones que repercutan negativamente en el colectivo nacional y, peor aún, cuando las mismas se devuelven como un búmeran y golpean la integridad de la autoridad que pretende establecer el orden.
La exigencia del marcaje del Precio de Venta Justo, estipulado en la legislación nacional como requerimiento a todos aquellos productores, importadores y comercializadores, es una medida errónea que favorece indirectamente a los intereses de la burguesía por varias razones, a saber:
1.- Se le atribuye una virtud de equidad a una cifra determinada por el empresario y en la que no ha intervenido para nada el Estado venezolano en defensa del consumidor. Existe legislación que “norma” la manera de determinar el precio justo, pero siempre será potestad del capitalista decidir el monto a marcar en el producto apelando a artificios contables y económicos en beneficio propio.
2.- La justicia, como pilar de la vida republicana, debe ser una condición determinada única y exclusivamente por el Estado venezolano en ejercicio del poder que le otorga el pueblo y no por el interés mercantil del burgués dueño de un medio de producción.
3.- La justicia en el monto que usted o yo debamos pagar por un producto no se decreta. Es un término muy subjetivo, una abstracción que cambia en función del poder adquisitivo de cada quien. Si usted tiene en su bolsillo solo 50 bolívares y no dispone de más dinero para comer, estoy casi 100% seguro que no entenderá lo “justo” al ver una carta en la que el almuerzo más sencillo cueste PVJ Bs.400
4.- El Gobierno Bolivariano no cuenta con el músculo institucional suficiente para pretender monitorear o supervisar el establecimiento del PVJ siquiera del 5% de todos los productos que circulan en las cadenas de suministro a nivel nacional. De hecho, lo que vemos a menudo en la calle es que los productos marcan lo que sea hoy y el próximo lote tiene precio nuevo más alto, suben a merced de la usura de la burguesía.
5.- El Gobierno Bolivariano no dispone de mecanismos o metodología aplicable para hacer valer la legislación por él establecida. Adicionalmente, presenta un déficit notable a nivel gerencial, cognoscitivo, de planificación e inteligencia de mercado que pueda dar la pelea ante una burguesía parasitaria que controla a su gusto la mayor parte de la dinámica comercial en nuestro país. No tiene capacidad de reacción.
6.- Puestos clave de la Administración Pública, en las principales esferas de toma de decisiones, son ocupados por personal carente de sinergia entre ideología y técnica. Funcionarios que no comulgan con términos como “guerra económica” o “burguesía parasitaria”, no comprenden la circunstancia política y el momento histórico que vivimos. Por consiguiente, sus gestiones son grises y carecen del ímpetu y agudeza revolucionaria que amerita el difícil momento que vivimos.
Quizá, quien ideó aquello del PVJusto tuvo inicialmente una buena intención. Pero a nivel de gestión de gobierno las buenas intenciones se transforman en reveses cuando no se toman en cuenta sus repercusiones a corto, mediano o largo plazo. Coloquialmente podemos aplicarle aquello de “quisiste hacer una gracia, y te salió una morisqueta”.
Lo que siempre escucho en los comercios, cuando alguien toma algún producto para revisar la etiqueta o ve un hablador con un precio astronómico, es la conclusión “este Gobierno no sirve para nada! Ahora se supone que este exabrupto es un precio justo ¿no?” y con molestia el ciudadano, como usted o como yo, continúa intentando hacer las compras.
Hoy la etiqueta PVJ enuncia una condición que no es tal, siendo el mejor aliado de la burguesía parasitaria contra la moral del Gobierno revolucionario y el pueblo que lo respalda. El precio establecido por el burgués, con la cualidad de “justo”, puede ser astronómico y el cliente o usuario siempre asumirá que fue decidido, de alguna forma, por las autoridades competentes en la materia, por el presidente Nicolás Maduro, por la Revolución. Una pequeña fracción de papel con adhesivo se transforma en un panfleto de propaganda que transmite frustración y rabia a cada ciudadano que ve su dinero evaporarse en la vorágine especulativa del día a día.
La solución a esta medida equivocada no puede ser otra sino eliminar el marcaje del Precio de Venta Justo y volver a figuras tradicionales como el Precio de Venta al Público (PVP) o el Precio Máximo de Venta al Público (PMVP). También se puede considerar el Precio de Venta Regulado (PVR) o cualquier otro que pueda cumplir con su cometido. En todo caso, la medida tal cual como se aplica hoy, solo es justa para el empresario burgués y no para el pueblo de Venezuela.