El Tribunal Constitucional de España suspendió este martes el impuesto de un euro por receta médica, decretado por el gobernante madrileño, Ignacio González, en diciembre de 2012 para recoger 83 millones de euros.
El gravamen impuesto por González en la capital española desató una ola de protestas y fue uno de los elementos clave de la huelga sanitaria de diciembre, junto con la privatización de seis hospitales y casi 30 centros de salud.
El Tribunal suspendió el impuesto por cinco meses tras aprobar los recursos de amparo presentados no solamente por los senadores del Partido Socialista Obrero Español (Psoe) sino por el propio Gobierno Central.
«Se considera que vulnera la normativa prevista en el Estado para garantizar la coordinación de la sanidad y la igualdad de los españoles. Esa tasa grava por dos veces la adquisición de medicamentos», dijo la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, al presentar el recurso de amparo el 15 de enero pasado.
El consejero de Sanidad de González, Javier Fernández Lasquetty, insistió en que «España tiene una media muy superior a la media europea en el consumo de fármacos» y que la administración de la Comunidad madrileña debe «equilibrar gastos e ingresos».