“Es totalmente falso que en Venezuela exista un proceso avanzado de centralismo que pretende acabar con la autonomía de las alcaldías y gobernaciones”, sostuvo el gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, en respuesta a la posición manifestada este fin de semana por varios alcaldes de la derecha que se reunieron en Ciudad Bolívar, capital de esta entidad.
El mandatario señaló que la reunión de alcaldes “contra el centralismo” fue un rotundo fracaso, pues sólo asistieron 15 de los 337 burgomaestres de todo el país.
“En el comunicado que leyeron ante los medios de comunicación en un gran show mediático demuestran su desconocimiento del marco legal vigente, al ignorar la existencia del poder popular como una forma de poder descentralizado”, agregó.
Rangel recordó que la Constitución de 1999, que ahora la oposición defiende a pesar que en su momento se negaron a firmarla, establece como manifestaciones del poder público al Gobierno Nacional, gobernaciones, alcaldías y al poder popular (consejos comunales).
“Esto es descentralización en su más puro sentido, pues ahora las comunidades tienen acceso directo a recursos del Estado venezolano para proyectos de interés colectivo, que antes debían pasar por manos de gobernadores y alcaldes”, agregó.
Consideró que los alcaldes asistentes a la reunión del fin de semana deberían recibir cursos de formación sobre lo que es poder popular.
Asimismo, desmintió que las alcaldías y gobernaciones de derecha hayan dejado de percibir los recursos que regularmente les entrega el Estado, como parte del situado constitucional o para proyectos de infraestructura, servicios y otras materias.
“Lo único que no ha recibido nadie aún es lo correspondiente al Fondo de Compensación Interterritorial, que ya comenzará a bajar del nivel central en marzo próximo”, aclaró.
Exigió además a los alcaldes y gobernadores de derecha que demuestren con cifras en la mano su afirmación de que no han recibido los recursos que les corresponden.
“No creo que puedan demostrarlo porque todas las entidades y alcaldías han venido recibiendo regularmente sus asignaciones, y lo que pretenden es justificar su incapacidad para ejecutar las obras y proyectos que su población exige”, señaló.