La sala disciplinaria de la Procuraduría General rechazó este viernes el recurso presentado por el alcalde bogotano, Gustavo Petro, en el que solicita una segunda revisión del fallo que lo destituyó e inhabilitó, con un nuevo procurador al frente.
El objetivo de esa acción legal o recusatoria, como se denomina en términos jurídicos, era apartar al procurador general Alejandro Ordóñez (quien dictó la sentencia en su contra), así como a cualquier miembro o miembros de su equipo, de un análisis en segunda instancia del dictamen.
Tal reacción era de esperar, afirmó el secretario de Gobernación de Bogotá, Guillermo Jaramillo, al conocer la noticia.
Con esa decisión, dijo a periodistas, la sala disciplinaria continuará al tanto del proceso contra el alcalde, pese a la insistencia en que su caso debía ser resuelto por un procurador delegado.
«Es algo necesario para llevar a cabo un proceso justo», subrayó.
Sobre la posibilidad de que la Fiscalía emita en los próximos días una decisión sobre el dictamen acuñado por Ordóñez, Jaramillo destacó la importancia de que el Fiscal General pueda definir y absolver de responsabilidad al alcalde mayor citadino
Eso contribuiría a esclarecer por qué Petro ha sido enfático en sostener que el fallo de Ordóñez tiene un contenido más político que jurídico.
Asimismo precisó que, tanto él como el resto del gabinete de la alcaldía, están en todo su derecho de promover la permanencia de Petro en el cargo.
«Somos una Administración que tendrá que salir a exponer sus razones y a defenderse, y no como aspiran los órganos de control al pretender que no dispongamos de medios de difusión.
Claro que podemos hablar de política, ¿por qué no?, cuestionó Jaramillo, si el presidente de la República, Juan Manuel Santos (candidato a un segundo mandato en los comicios de 2014), hace discursos en las convenciones de los partidos políticos.
Petro fue destituido e inhabilitado durante 15 años para asumir cargos públicos por supuestas irregularidades en la puesta en marcha, en diciembre de 2012, de un nuevo esquema de aseo urbano, encomendado a la Empresa de Acueductos y Alcantarillado, hasta entonces en manos de operadores privados.