La reforma educativa de Chile, que ingresó el pasado martes 5 de julio al Congreso, genera rechazo unánime en los diversos sectores universitarios.
Los rectores de las universidades estatales denuncian que el proyecto busca consolidar la mercantilización del sistema de educación superior.
Advierten que de aprobarse reafirmaría el modelo, existente solo en Chile, basado en el financiamiento con fondos estatales del mercado universitario privado.
Y los rectores de este último sector argumentan que el proyecto provocará el desfinanciamiento a las instituciones privadas y disminuirá la calidad de la enseñanza.
El rector de la Universidad Católica (UC) y portavoz de las universidades privadas no tradicionales con rol público, Ignacio Sánchez, calificó la reforma de “estatista”. Dijo que es insuficiente la subvención para estudiantes de bajos ingresos en carreras de alto costo.
Por su parte, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Daniel Gedda Nuño, informó que el movimiento estudiantil seguirá manifestando su protesta de diversas maneras y reiteró que la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) rechaza la forma y el fondo de la propuesta del Gobierno.
“Este año se han añadido al movimiento universidades privadas que fueron símbolos de la educación mercantilizada, como las universidades Andrés Bello o Santo Tomás. Todas estas fuerzas hemos confluido en un solo frente de movilización», destacó.
El estudiante explicó que aunque se movilizan con banderas algo distintas se sienten parte de una misma resistencia al modelo de mercado en la educación superior.
«Queremos un marco regulatorio potente para las universidades privadas, el fortalecimiento de la educación pública y un financiamiento que abandone las lógicas de mercado que lo rigen en todos sus niveles”, dijo.
Gedda Nuño señaló que en el proyecto se habla de terminar con el lucro y de más herramientas de fiscalización, pero no se establece si el lucro será tipificado como delito y deja la puerta abierta para el mismo.
Además, la propuesta de gratuidad del Gobierno no plantea fórmulas claras de financiamiento, no abandona la lógica de competencia entre planteles, no establece una fecha de término para la educación pagada e insiste en el financiamiento individual de los estudiantes, acotó.
Sobre el argumento de crisis económica esgrimido por el Ejecutivo para abandonar sus promesas de campaña, refirió que el derecho a una vida digna incluye buena educación, salud, trabajo o pensiones, y no puede estar supeditado a los vaivenes de la economía mundial.