Por denunciar que la Policía del estado Zulia planificó hace un mes asesinar a los diputados socialistas Jenny Cedeño y Mario Isea, el asistente administrativo de la Secretaría de Prevención y Promoción Ciudadana de la Gobernación del Zulia, Ricardo Alvarado, recibió cinco amenazas de muerte por teléfono.
El funcionario explicó que las llamadas fueron realizadas por personas anónimas. El miércoles, Alvarado denunció el presunto desvío de 592.000 bolívares de fondos públicos para la campaña de Un Nuevo Tiempo.
El asistente de Prevención y Promoción Ciudadana solicitó al ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aissami, protección “para mí y toda mi familia porque ayer presionaron a mi ex esposa (Mariela Mengual), que trabaja en Prevención Ciudadana del Ejecutivo regional para que les dijera qué estaba haciendo yo y con quién me reunía. Temo por mi vida y la de mis hijos; a mis compañeros también los han amenazado”, insistió.
REACCIONES
La diputada Jenny Cedeño, actual candidata a la reelección por el Partido Socialista Unido de Venezuela, no descartó que existan planes para asesinarla y sacar de juego a Mario Isea.
Cedeño solicitó “no manejar esta denuncia como parte de nuestra campaña. La hizo un empleado de la Gobernación que tiene unos documentos y pruebas; sin embargo el diputado Libes González estará procesándolas en la comisión de Política Interior para determinar qué hay detrás de todo esto”.
El dignatario regional “será el responsable de cualquier hecho de violencia que se suscite en contra de Jenny Cedeño”, advirtió la diputada, o en contra de la gente del circuito 4 (parroquias Idelfonso Vázquez, Venancio Pulgar, Antonio Borjas Romero) durante las elecciones parlamentarias.
HASTA EL FINAL
Ricardo Alvarado dice que llevará la denuncia hasta el final. Ya le entregó las pruebas al diputado Libes González para que las procesare ante la Asamblea Nacional. “No puedo revelar qué tipo de pruebas entregué porque entorpecería las investigaciones”, dijo, con cautela.
La ruta de la denuncia, manifestó Alvarado, será la Fiscalía y la Contraloría General de la República para solicitar un antejuicio de mérito contra el gobernador Pablo Pérez “por su responsabilidad en hechos de corrupción y planes de desestabilización en el Zulia”.
Entre 2005 y 2006 Ricardo Alvarado se desempeñó como coordinador de los comités de seguridad ciudadana de Prevención y Promoción Ciudadana; gracias al enlace que estableció con “funcionarios honestos de la Policía Regional” comenzó a enterarse “de todos los planes de desestabilización que ellos tenían en 2006. No puedo decir nada más, pero me he enterado de otras cosas que irán revelando las autoridades”, anunció.
También reiteró que la secretaria de Seguridad Ciudadana, comisaria Odalis Caldera, el comisario de la Policía Regional, Alejandro Márquez, el comisario Paredes y el mandatario zuliano Pablo Pérez “están detrás de los planes de desestabilización en el Zulia. Ellos financian bandas armadas para cometer los secuestros, asesinatos y extorsiones”.
COACCIÓN LABORAL
Asegura Alvarado que en la Gobernación tienen listas las cartas de despido para él y su ex esposa, Mariela Mengual.
“Amigos y compañeros de trabajo que me aprecian me llamaron para decirme que las cartas estaban listas; ellos están esperando que termine la campaña para botarnos”, añadió.
Un funcionario de la Gobernación del Zulia reiteró que el mandatario no se pronunciará, por ahora.