Directivos de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) y de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, acompañados por un grupo de docentes y estudiantes, entregaron ayer un documento a representantes de la Defensoría del Pueblo para solicitar la intervención de este organismo en la apertura de un proceso de diálogo con el Estado, orientado a diseñar e implementar en Venezuela el Programa de Trabaja Decente suscrito por el país en las Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Venimos a decirle al defensor del pueblo, que Venezuela no está cumpliendo con los objetivos de l trabajo decente fijado por la OIT. Venezuela es un país firmante de esta organizaciones que debe cumplir dentro del territorio nacional los pactos internacionales”, manifestó Lourdes Ramírez de Viloria, presidenta de la Fapuv, quien acotó que ayer se celebró la Jornada Mundial del Trabajo Decente.
DERECHOS INSUFICIENTES
En el documento entregado se afirma que el resultado de la política laboral del Estado venezolano “ha sido la precarización del trabajo y del derecho de los trabajadores y sus familiares a gozar de una vida digna”.
En el texto también se señala que en el caso del sector universitario dicha “precarización” se expresa en el supuesto deterioro acelerado de las remuneraciones de las trabajadoras y de los trabajadores; el “desconocimiento de los instrumentos jurídicos que regulan las relaciones laborales en las universidades”; y limitaciones al dialogo social.
En cuanto a las limitaciones al diálogo, Fapuv alega que desde 2004 el Estado ha impulsado una política de presuntos “aumentos unilaterales”, desconociendo a esta federación. Manifiestan que esta situación generó el conflicto de profesores del año 2013 y que para la discusión de la Segunda Convención Colectiva Única de Trabajadores del sector Universitarios, se le negó a la organización gremial la participación como signataria.
Asimismo, destaca la ausencia de representantes de las universidades en la mesa de discusión del contrato, en su papel de empleadores. También acusan al Estado de supuestamente imponer “clausulas que lesionan derechos constitucionales, legales y normativos de los docentes universitarios”, situación que ha generado “la no reactivación de actividades en algunas universidades del país”.