Este martes, funcionarios del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) del estado Anzoátegui, movimientos sociales y cuadros de seguridad de la entidad dieron inicio al operativo Especulación 0, como parte de las acciones que apuntan hacia el cese de la especulación y el acaparamiento.
El coordinador estadal del Indepabis, Arquímedes Barrio, informó que este martes inspeccionaron cerca de 15 comercios asiáticos en el eje metropolitano del estado, a fin de acabar con los actos de especulación y garantizar los rubros de la cesta básica al pueblo a precios regulados.
“Hoy iniciamos este operativo con un despliegue en Puerto La Cruz, Barcelona, Anaco, El Tigre y otras localidad del estado. El día de mañana continuaremos en otras jurisdicciones; el objetivo es llevar las acciones de especulación a 0%”, dijo Barrios.
Asimismo, exhortó a la colectividad a participar en la lucha contra la especulación, a través de la emisión de denuncias de los locales que incurran en actos de especulación y acaparamiento.
También recordó que Indepabis actualmente cuenta con 227 comités comunales que ejecutan inspecciones en los diferentes establecimientos comerciales del estado.
“La meta es consolidar 1.000 comités en todo Anzoátegui. Invitamos al pueblo organizado a conformar sus comités, los cuales serán adiestrados y preparados a través de Indepabis para que el pueblo ejerza contraloría en las acciones de especulación y acaparamiento”, añadió.
En otro punto, agregó que el operativo Especulación 0 cuenta con alrededor de 200 personas voluntarias de las diferentes misiones sociales, partidos políticos, movimientos juveniles revolucionarios y casas de estudios públicas y privadas.
Añadió que simultáneamente al Plan Especulación 0 se puso en marcha la supervisión de máquinas registradoras en todos los comercios con funcionarios del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).
Recordó que los actos de especulación y acaparamiento aplican multas que van de 100 a 5.000 unidades tributarias (UT) y sanciones que involucran el cierre temporal de los establecimientos comerciales.