Ochenta familias reclaman que se les entreguen los apartamentos que compraron en el edificio La Tortuga de conjunto residencial Parque Vidoño, por los que esperan desde hacen tres años. La denuncia la formuló el señor Ronald Díaz, uno de los compradores afectados.
Díaz comentó que las viviendas debieron ser adjudicadas desde noviembre de 2009 según lo contempla el contrato de compra-venta que suscribieron. En vista de la demora, solicitan una garantía de entrega.
El denunciante explicó que decidió tomar el apartamento que le corresponde aunque todavía está en obras, por no tener posibilidad de pagar un arrendamiento.
“Tengo una familia de cuatro miembros y decidí tomarlo, porque no estoy en condiciones económicas de seguir cancelando un alquiler de 5 mil bolívares en una casa, mientras seguía a la espera de que la compañía honrara su palabra como tantas veces ofreció”.
La vivienda que ocupa Díaz no tiene servicios básicos, como agua y luz. “Tengo que cargar tobos de agua a diario. Atravesamos una situación de fraude que denunciamos múltiples veces ante los organismos correspondientes y hasta los momentos seguimos sin respuesta satisfactoria”.
Los apartamentos del conjunto residencial parque Vidoño fueron ejecutados por la empresa Inversiones y Construcciones GM200, que en un inicio acordó un valor de 125 mil bolívares para un inmueble de 67 metros cuadrados que dispone de dos habitaciones principales y una tipo estudio, dos baños, sala y cocina.
“Se trata de un espacio considerado en la ley de la vivienda como tipo B, es una vivienda social que para nada es de lujo”, explicó Pedro Vegas, vocero de la Misión Villanueva, y quien asesora a las familias afectadas.
“La empresa está actuando sin aplicar el régimen de garantía del fondo de la vivienda, que es el único instrumento legal establecido en la ley que garantiza a una vivienda digna como es el patrimonio de una familia”, agregó.
Vegas hizo un llamado al Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas y Vivienda y a la Comisión de Vivienda de la Asamblea Nacional para que en atención al artículo 82 de la Constitución Bolivariana den solución urgente a este problema antes de termine el año el 2010.
SOLICITAN UNA ACCIÓN ENÉRGICA
Héctor Muñoz, quien es padre un niño de 5 años de edad, solicitó a las autoridades que solventen este caso. “Yo vivo en casa de mis padres junto a mi esposa en una habitación pequeña y estas no son condiciones agradables para vivir, menos cuando tengo un hijo”.
Dedicado a la venta de repuestos de vehículos, Muñoz, añadió que se siente burlado por los dueños de la constructora, quienes pretenden cobrar el Índice de Precios al Consumidor bajo la modalidad de recargo por áreas urbanísticas y comunes de los edificios.
Juan Peña, vocero de las y los afectados, protestó la pasividad de instituciones como el Indepabis, Consejo Legislativo y la Secretaría de Gobierno regional. Según él, éstas “tienen conocimiento de lo que ocurría y nunca tomaron ninguna medida en resguardo de nuestro derecho”.
Peña puntualizó que Inversiones y Construcciones GM200 incumplió un primer convenio de reserva al desconocer un pago inicial que debía ser imputado al costo total del apartamento y lo asignó para mejoras en áreas comunes, trabajos de urbanismo, recreacionales y estacionamientos.
“Nos interesa, tanto como la entrega de nuestros apartamentos, que las autoridades nacionales investiguen las denuncias planteadas contra esta constructora”.