Actualmente se recaba toda la información necesaria para una futura regulación de precios en el sector de medicamentos, que refleje la realidad del sector sin causar alteraciones y garantice índices justos para el consumidor venezolano, informó la superintendente nacional de Costos y Precios, Karlin Granadillo.
Los datos requeridos para una posible regulación son recabados a través de una serie de 12 talleres que se ha realizado en todo el país sobre el Registro Nacional de Bienes y Servicios. La última de estas jornadas se llevó a cabo este jueves en Porlamar, estado Nueva Esparta, donde fueron respondidas las dudas de 250 asistentes a la actividad, la mayoría de ellos provenientes del sector farmacéutico.
«La idea es aclarar las inquietudes existentes, ya que nuestro país no tiene una cultura de contabilidad de costos, sino de contabilidad tributaria. Se trata de organizar la información de manera novedosa para perfeccionar el registro y adaptarlo no sólo a las grandes sino a las medianas y pequeñas empresas. Nos hemos esforzado para que todos los actores de la cadena participen para alcanzar una resolución de precios que refleje la realidad del sector sin causar ninguna distorsión. Esto nos permitirá garantizar un precio justo para la familia venezolana», explicó Karlin Granadillo.
El paso siguiente luego de estos talleres que finalizaron en la región insular, indicó, es realizar similares jornadas con el poder popular para instrumentar la fiscalización de los precios, donde los fiscales se movilizarán en conjunto con la comunidad organizada.
El Intendente Nacional de Costos y Precios, William Contreras, también presente en el taller de Nueva Esparta, recordó que las empresas productoras y comercializadoras tienen la obligación de notificar sus estructuras de precios de los 19 rubros ya regulados en abril pasado y de los medicamentos.
«Esto no es simple requisito burocrático. Puede beneficiar a todos los sectores involucrados, porque identificamos claramente márgenes comerciales. La información aportada por las empresas permitirá que el precio sea el más adecuado para todos los intereses, y en primer lugar para el pueblo consumidor», señaló.
Contreras destacó que se ha detectado que cadenas importantes del sector de medicamentos discriminan en la distribución de productos esenciales para la población: «Hay un proceso de distribución no equitativa de medicamentos. Productos que llegan a grandes cadenas comerciales pero no llegan en iguales condiciones a pequeños establecimientos como farmacias independientes. Esto limita las posibilidades de acceso del público».
Agregó que en los procesos de orientación realizados a lo largo del país se han evidenciado también los intereses de los factores que monopolizan la producción, distribución y venta al detal: «Hemos recibido denuncias acerca de mecanismos de distribución no autorizados. Esta información es valiosa porque Sundecop está obligada también a recomendar políticas al Ejecutivo».