La directora de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía chilena, Ymay Ortiz, expresó este martes ante la Cámara de Diputados que hay un total de 8.575 víctimas asociadas a violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios policiales desde octubre del 2019.
Ortiz agregó que solo hay 919 imputados conocidos y 63 efectivos policiales formalizados en 29 causas. Se trata en todos los casos de medidas cautelares impuestas, determinándose primero si realmente hay violaciones de derechos humanos en las causas.
Asimismo, la funcionaria de la Fiscalía manifestó que posiblemente en las próximas semanas aumente la cantidad de acusados.
Entre las razones para la baja cantidad de cargos imputados se encuentran los casos de lesiones menores o fuerza desmedida en la detención de personas que no fueron pasadas a Tribunales, por lo que no hay datos sobre los autores.
También existen personas que pidieron atención médica y fueron los doctores los que presentaron la denuncia con los escasos antecedentes disponibles, o bien, víctimas no quisieron seguir adelante con la causa.
Ortiz afirmó que «no damos abasto» en los análisis de las violaciones, a pesar de que la Unidad que se dedica a abordar estas denuncias en la Fiscalía fue reforzada temporalmente con dos abogados. Al mismo tiempo, se comprometió con el deber de atender todos los casos que se reciban.
Por otra parte, el director de Contraloría de Carabineros, general inspector Gonzalo del Alcázar, dio cuenta de la realización de 1.270 procesos indagatorios internos, los que derivaron en la formulación de cargos a 170 efectivos policiales.
Precisó que «de los 170 funcionarios antes mencionados, 16 de ellos ya fueron desvinculados de la institución» mediante baja con efectos inmediatos. Mientras, «a otros 19 también se les está proponiendo una medida expulsiva en el sumario administrativo, y que se va a aplicar una vez que se encuentre afirme».
El pasado 20 de septiembre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile informó que hasta el 15 de septiembre interpuso un total de 2.499 querellas contra la represión desatada por la Policía y las Fuerzas Armadas durante el estallido social ocurrido en el país en octubre de 2019.
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