Los peligros de la reinstauración neoliberal más allá de los paquetes económicos|La respuesta de la Cuarta República a la disidencia: persecución, tortura, asesinato y desaparición (I)

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó recientemente que gracias a la labor de la Comisión por la Justicia y la Verdad que investiga los casos de desapariciones, torturas y asesinatos cometidos por razones políticas entre 1958 y 1998, se han encontrado en los archivos desclasificados de los tribunales militares y otros cuerpos de seguridad del Estado de la época , el registro de la existencia de unas 11.043 víctimas.

Estos casos permanecieron silenciados en su mayoría durante el período histórico conocido como Cuarta República, porque representaban la evidencia de la aplicación de una programada política de exterminio contra la disidencia y la militancia de izquierda por parte de los gobiernos de la socialdemocracia

Las masacres de la Cuarta República dan cuenta de la represión del Estado

Durante una entrevista exclusiva en el programa José Vicente Hoy, la fiscal aseguró que estas personas, estos ciudadanos y ciudadanas» fueron víctimas de terrorismo de Estado. Era una política de Estado sostenida y sistemática para atacar la disidencia política».

“La tortura era una política de Estado. Habían centros de tortura, instrumentos, aparatos dispuestos para que la persona que a ellos le interesaba la colocaban en esos aparatos. Aquí no hubo claridad de los Derechos Humanos”, recalcó Ortega Díaz.

El silencio rodeó los casos de Cantaura, Yumare y El Amparo

Este aspecto es necesario recordarlo justo cuando en este momento, la oposición venezolana, que representa a los partidos que gobernaron en esa oscura época de la democracia en el país, acusa a la Revolución Bolivariana de violar los derechos humanos, perseguir y criminalizar a quienes “piensan diferente”.

Fue con el proceso de liberación nacional, iniciado por Hugo Chávez en 1998, cuando el concepto de justicia tomó una visión clasista y empezaron a desempolvarse los casos de masacres y asesinatos que fueron silenciados por las élites opresoras. Para construir la verdadera justicia social se hace necesario terminar con la impunidad que rodeó a estos casos de represión contra los sectores populares.

La Masacre de Cantaura fue durante el Gobierno del copeyano Luis Herrera Campins

Cuando se cumplen cuatro décadas del vil asesinato del dirigente socialista Jorge Rodríguez (padre), se hace preciso alertar que el proyecto de restauración neoliberal que ha emprendido la derecha en el continente, no sólo implica la reimposición de un modelo económico que beneficia al capital por encima de los intereses de las grandes mayorías, también implica el regreso de estas practicas de dominación que criminalizan la protesta.

POR LA AMÉRICA LATINA

El proyecto de reinstauración neoliberal que lidera la derecha en el continente con el apoyo de la casa Blanca, no sólo pretende la imposición de un liberalismo en lo económico y comercial que beneficiaría a las transnacionales norteamericanas, sino el desmantelamiento de la institucionalidad generada bajo conceptos progresistas. De este modo, regresan en Argentina, con el advenimiento de la derecha representada en el macrismo, los presos políticos, los perseguidos y los acosados por oponerse a la derogación de la ley antimonopolios o por rechazar el tarifazo que aumentó el costo de los servicios públicos en un mil por ciento. En este momento, es emblemático el caso de la dirigente y diputada del movimiento Tupac Amaru, Milagro Sala, imputada por supuesta “instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real».

Yumare y El Amparo ocurrieron en el Gobierno del adeco Jaime Lusinchi

A ello se le suman los ejemplos del femicidio de Berta Cáceres, dirigente indígena asesinada por orden de una empresa trasnacional por oponerse a la construcción de un proyecto hidroeléctrico que atenta contra el ecosistema de su comunidad. Sus familiares denuncian complicidad del Estado en este crimen que refleja el peligro que corren las luchas de los pueblos bajo gobiernos que defienden los intereses del capital.

La represión del Estado contra las protestas de los maestros en México por oponerse a una reforma educativa que violenta sus derechos laborales y ha dejado muertos, torturados y heridos, también es una demostración de lo que significaría una nueva etapa de neoliberalismo en la región: pobreza, muerte y tortura, pero esta vez con mayor énfasis porque las luchas populares se han transformado y los pueblos del continente no están dispuestos ha entregar las conquistas alcanzadas con los gobiernos progresistas.

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PROHIBIDO OLVIDAR

Las masacres de Cantaura, Yumare y El Amparo son tres vergonzosos ejemplos del terrorismo de Estado ejercido contra el pueblo por gobiernos que representaron en el pasado los intereses de la burguesía y las clases dominantes. Para muchos analistas, estos horribles asesinatos se correspondieron con la contraofensiva imperialista que surgió en la región tras el golpe de Estado contra el gobierno socialista de Salvador Allende en Chile, en 1973. En el Cono Sur esta iniciativa fue conocida como Plan Cóndor. En Venezuela esa doctrina de exterminio de la izquierda también tuvo repercusiones con las actuaciones represivas de los cuerpos de seguridad y de algunos agentes que fueron entrenados y mantenían vínculos directos con la Agencia de Inteligencia de EEUU (CIA) para perseguir a los militantes y activistas revolucionarios.

LA MASACRE DE CANTAURA

El 4 de octubre de 1982, bajo el mandato del presiente socialdemocrata cristiano Luis Herrera Campins, 23 miembros del Frente Guerrillero Américo Silva, fueron bombardeados en una operación de la Fuerza Aérea Venezolana. Posteriormente, se envío un componente de más de mil uniformados con órdenes de disparar y rematar a cualquier sobreviviente. Sin lugar a dudas no fue un enfrentamiento como señalaron voceros del Gobierno. Fue una masacre.

Este hecho también permaneció “engavetado” por el bipartidismo adeco-copeyano y fue el Estado Social de Derecho y de Justicia establecido con la Constitución de 1999, quien ordenó reabrir la investigación para llegar a la verdad de los hechos.

LA MASACRE DE YUMARE

El 8 de mayo de 1986, durante la presidencia de Jaime Lusinchi (Acción Democrática-AD) , nueve civiles fueron asesinados en una operación militar realizada en el estado Yaracuy. El hecho es conocido mundialmente como la Masacre de Yumare y representa uno de los casos emblemáticos que pusieron en evidencia el uso del aparato represivo del Estado en contra de las personas que se oponían a los grupos y partidos políticos que ostentaban el poder.

Los ciudadanos Dilia Antonia Rojas, Nelson Martín Castellano, Luis Rafael Guzmán, José Rosendo Silva Medina, Pedro Pablo Jiménez García, Simón José Romero Madriz, Rafael Ramón Quevedo Infante, Ronal José Marao Salgao y Alfredo Caicedo Castillo fueron detenidos, torturados y posteriormente asesinados por los organismos de seguridad de la época por incurrir en “acciones subversivas”.

Esta terrible masacre fue silenciada. Los familiares de las víctimas no encontraron justicia sino hasta el advenimiento de la Revolución Bolivariana, cuando el Ejecutivo asumió la responsabilidad de investigar los crímenes, persecuciones y delitos cometidos en la etapa de los gobiernos socialdemocrátas que utilizaron el terrorismo de Estado para desarticular y en muchos casos aniquilar literalmente, a la dirigencia progresista y de izquierda.

LA MASACRE DEL AMPARO

El 29 de octubre de 1988 , también bajo la presidencia de Lusinchi, en el pueblo de El Amparo, estado Apure, son masacrados 15 pescadores por cuerpos de seguridad del Estado, justificándose este asesinato con el argumento según el cual se trataba de guerrilleros. En realidad se trataba de humildes trabajadores como testificaron luego sobrevivientes y familiares de las víctimas.

El caso fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de estados Americanos (OEA) que falló en favor de las víctimas y dictaminó que el Estado venezolano debía pagar indemnizaciones a sobrevivientes y familiares de los asesinados.

T/Modaira Rubio
F/Archivo
I/Loayza

Sin duda los que no vivieron estos terribles sucesos, pues no les pararan bolas, pero nosotros quienes pudimos sobrevivir, damos gracias a DIOS por mantenernos vivos poder corroborar dichos sucesos, no puede ser que personas que lo vivieron digan hoy que con los adecos se vivia mejor, imposible aceptarlo, pero en su conciencia y en su tumba lo tendrán que pagar…. damos hoy gracias a CHAVEZ por despertar a ese pueblo dormido por más de un siglo, el cual fue un siglo perdido, para aquellos que finalmente liberaron a VENEZUELA, quienes lo hicieron fueron lo menos que pudieron disfrutar de su liberta, fueron más bien encadenados entre leyes de OLIGARCAS, entonces defendamos hoy la libertad que si tenemos, no dejemos perder esto que CHAVEZ nos ha dejado, si lo perdemos, perderemos ahora más de dos siglos.