RETROSPECTIVA | Rumores, confrontaciones, paros y cacerolazos precedieron al 11 de abril|Preámbulo de un golpe

Chávez muestra unas fotos de niños afganos muertos y EEUU pide explicaciones. Es el último trimestre del 2001. Hace casi tres años que el Comandante llegó a la Presidencia y el Gobierno yanqui quiere que le aclaren por qué el Mandatario venezolano se pronunció a favor de detener la matanza de inocentes.

Aquel lunes 29 de octubre el Jefe de Estado venezolano criticó las muertes en el país intervenido por los gringos pidiendo parar los bombardeos y, la reacción de la administración Bush fue el llamado a consultas a la embajadora en territorio nacional, Donna Hrinak.

Por aquellos tiempos, Chávez también aseguró que no había riesgo de golpe de Estado, respondiendo así a la divulgación de un informe de la firma de análisis estadounidense Stratfor que refería la salida del titular del Ejecutivo Nacional por tensiones militares en el plazo de un año y, aún peor, afirmaba que Washington “no protestaría demasiado” por la remoción “no democrática” del líder de la Revolución Bolivariana.

Seguidamente, el Alto Mando se pronunció –para disipar los rumores de alzamiento- dando pleno respaldo al Presidente de la República a través de un comunicado que fue difundido en todas las guarniciones y en el que se leía: “La Fuerza Armada Nacional ratifica una vez más su pleno respaldo al proceso por medio del cual se está reorientando la economía hacia metas productivas, se corrigen inmensas injusticias sociales y las instituciones son abiertas a la participación de los ciudadanos”.

El texto fue firmado por el ministro de la Defensa, José Vicente Rangel; el inspector de la FAN, Lucas Rincón Romero; el jefe del Estado Mayor, Bernabé Carrero Cuberos y por los comandantes de los componentes Ejército, Víctor Cruz Weffer; Armada, Jorge Sierraalta; Aviación, Régulo Anselmi y Guardia Nacional, Francisco Belisario.

CONSENSO OPOSITOR

Avanza noviembre y los empleados de Pdvsa Gas protestan por algunos días y ceden después de que se les asegura que la filial no será separada de la estatal; pero también antes de la segunda quincena del onceavo mes ya se avizora que en las próximas semanas habrá un paro nacional convocado por Fedecámaras y respaldado por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), representadas por Pedro Carmona Estanga y Carlos Ortega, respectivamente. Este último había sido proclamado por parte de la comisión electoral de la central obrera después de unas cuestionadas elecciones, cuya invalidación fue anunciada por el Consejo Nacional Electoral en 2005 por observarse errores en las actas.

La oposición rechaza la aprobación de 49 leyes revolucionarias que incluyen la de Tierras y Desarrollo Agrario, de Hidrocarburos, Pesca y Acuicultura y, el Gobierno llama a los empresarios al diálogo, por lo que designa como interlocutor al Ministro de la De fensa, José Vicente Rangel, pero Carmona rechaza la propuesta aduciendo que sólo consideran válido hablar con el ya satanizado Chávez. Rangel replica que los sectores que no quieren conversar apuestan por el golpe y la desestabilización.

En las vísperas de diciembre, Chávez afirma que no habrá repliegue y llama a combatir la guerra psicológica de los medios, sin embargo, Fedecámaras ratificó en su Asamblea Extraordinaria del 28 de noviembre que la huelga general se realizaría el 10 de diciembre.

Luego se reúnen Carmona Estanga, Ortega, el alcalde mayor de Caracas, Alfredo Peña; monseñor Ignacio Velasco y Pedro Palma, presidente de Venamcham, para ratificar el paro, y el ex presidente Carlos Andrés Pérez declara que respalda la medida. La FAN anuncia que mantendrá la seguridad ciudadana.

Manuel Rosales, entonces gobernador del Zulia, se dirigió a la Asamblea Nacional con el documento “A una sola voz, el Zulia reclama sus derechos”, con el interés de que se debata la reforma de algunos de los instrumentos legales que recibieron el visto bueno en el marco de la Habilitante.

Llegó el lunes 10 de diciembre y la oposición se atribuyó un éxito en sus pretensiones que en realidad no ocurrió. Ortega advierte sobre nuevas acciones.

AÑO NUEVO

El 2002 se estrena con la promulgación de la Ley de Hidrocarburos que contempla la conformación de empresas mixtas para la ejecución de las actividades vinculadas con los hidrocarburos donde el Estado tiene mayoría accionaria. Los primeros días del año estuvieron marcados por los anuncios de paro de médicos y educadores. A mediados, EE.UU negó, a través de su embajadora, que estuviera participando en un plan de desestabilización. Posteriormente, chavismo y oposición marcharon el 23 de enero.

Al inicio del segundo mes la CTV anunció que volvería a la calle el 27 de febrero. Más aún, no pueden soslayarse las declaraciones hechas también a principios de febrero por el secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, quien refiriéndose al gobierno liderado por Chávez dijo ante la Cámara de Relaciones Exteriores del Senado de su país: “Le hemos expresado nuestro desacuerdo con algunas de sus políticas y él entiende que esto es algo que irrita seriamente nuestras relaciones”.

“No estamos contentos con comentarios que ha hecho sobre la campaña contra el terrorismo; él no nos ha apoyado tanto como podría haberlo hecho, y escoge algunos de los lugares más extra ños para visitar”, indicó Powell, en evidente rechazo al líder del Gobierno Bolivariano.

“No estoy seguro qué inspiración él piensa que recibe, o qué beneficios recibe el pueblo de Venezuela al visitar regímenes despóticos”, declaró también en aquel momento el vocero estadounidense.

Tampoco pueden obviarse las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Piqué, quien dijo esperar que Venezuela “mantenga en todo momento la institucionalidad democrática, se respeten los derechos de todos y pueda encarar el futuro de manera estable”.

La retrospección no puede excluir que Carlos Ortega se reunió ese mes con Otto Reich, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental.

La aparición de algunos disidentes militares pidiendo la dimisión del Jefe de Estado y el inicio de las protestas en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) tras la destitución de su presidente Guaicaipuro Lameda atizaron la situación en febrero, al tiempo que prosiguieron las decla raciones de voceros estadounidenses.

MOTIVOS POLÍTICOS

La designación, el 25 de febrero, de una nueva junta directiva en Pdvsa, presidida por Gastón Parra Luzardo, fue usada como argumento para que trabaja dores de la estatal comenzaran acciones como vigilias, operaciones morrocoy y paros de cuatro horas para inicialmente pedir “el respeto a la meritocracia” y terminar exigiendo la salida del poder de Chávez.

Ni el pronunciamiento de la procuradora general de la República, Marisol Plaza, en torno a la ilegalidad de la actuación de los empleados petroleros; ni las declaraciones de los ministros de Energía y Minas y del Trabajo, Álvaro Silva Calderón, Blanca Nieves Portocarrero, primero, y luego María Cristina Iglesias, acerca de que las reales motivaciones no eran laborales sino políticas; ni la posterior advertencia de despidos por parte del minis tro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, replegaron a quienes se autocalificaban como defensores de la empresa nacional de hidrocarburos.

El retiro de dos gerentes de sus cargos en la empresa energética agudizó el descontento de los empleados, quienes en asamblea dieron un ultimátum al Ejecutivo Nacional hasta el 1° de abril para que reincorporara a los directivos y se iniciara un proceso de reestructuración.

Más aún, tras el despido de los ejecutivos ordenado por Chávez el 7 de abril, Juan Fernández, quien se desempeñaba como gerente funcional de Planificación y Control de Finanzas de Pdvsa, respondió que no desistirían.

A tal situación le siguió el llamado a paro nacional para el día 9 de abril -que inicialmente sería el 11-, por parte de la sinergia golpista compuesta por Fedecá maras y la CTV.

No puede nunca olvidarse que después de que la central obrera anunció que la paralización se extendería de forma indefinida, el desenlace de lo que se suponía era una huelga general fue un golpe de Estado.

Diplomacia | MALESTAR YANQUI

“Hemos visto comentarios del presidente Chávez que, francamente, nos parecen sorprendentes y muy decepcionantes”, declaró Richard Boucher, vocero del Departamento de Estado a inicios de noviembre de 2001, evidenciando el malestar de EEUU, que para la fecha llamó a consulta en Washington a la embajadora en Venezuela, Donna Hrinak.

En esa misma declaración, Boucher calificó de sorpresivo que el comandante Chávez viajara a Cuba, Irak, Irán y Libia por considerar a tales países como promotores del terrorismointernacional. En el 2002, Charles Shapiro asumió la embajada gringa.

Terrorismo | ACUSACIONES FORÁNEAS

También en noviembre de 2001, el ministro de Defensa, José Vicente Rangel, negó que el Gobierno venezolano estuvie-ra protegiendo a 40 presuntos miembros de ETA, como lo había anunciado el diario español La Razón.

Para el titular castrense el objetivo era presentar a Chávez como protector de te rroristas.

Rangel aclaró que los vascos habían arribado a Venezuela por un acuerdo entre los gobiernos de Felipe González y CAP.

En marzo de 2002, Chávez denunció que se le acusaba de esconder al líder de las FARC, Tiro Fijo y, que con esto podía justificarse una intervención del país.

Leyes | TIERRAS E HIDROCARBUROS

El 13 de noviembre de 2001 se cumplió el lapso de un año otorgado por la Asamblea Nacional al presidente Chávez para que legislara en diversas materias. El sector empresarial alegó que no se le había consultado sobre la aprobación de los nuevos instrumentos jurídicos.

Las leyes de Tierras y Desarrollo Rural, de Pesca y Acui-cultura, de Hidrocarburos, entre otras, se incluyeron en la lista de las habilitantes.

Con el precepto de erradicar al latifundio, la Ley de Tierras fue promulgada en diciembre en Barinas. Con la de Hidrocarburos el Estado venezolano ha defendido la soberanía sobre los recursos naturales.

Comunicado | ALERTA ESTADOUNIDENSE

El Departamento de Estado es tadounidense emitió el 4 de diciembre un comunicado en el que alertó a sus ciudadanos sobre el paro cívico convocado por Fedecámaras.

De acuerdo con el texto habría “manifestaciones y contramanifestaciones adicionales, incluidos paros laborales y marchas en diciembre”.

Conforme con la información del Gobierno estadounidense se afectarían “los servicios médicos, el transporte público, el orden y la seguridad general”.

El mismo documento señalaba que el paro podía repercutir en el tráfico aéreo desde Caracas.

Tales advertencias fueron extendidas por un mes.

Iglesia | HOMILÍAS TENDENCIOSAS

En el Aló Presidente del 27 de enero, el presidente Chávez sugirió al arzobispo de Caracas, cardenal Ignacio Velasco, que rezara “un poco”, tras las críticas que había hecho al proceso revolucionario.

Posteriormente, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) rechazó la invitación formal que hizo el jefe de Estado para que los obispos acudieran al Palacio de Miraflores.

En marzo, durante Semana Santa, Velasco dijo en una homilía que había que salvar a la Iglesia y que quienes “la odian, la desprecian o la insultan […] no prevalecerán’’.

PDVSA | JUNTA CUESTIONADA

El presidente Chávez designó a la junta directiva de PDVSA a través del decreto 1683 publicado en la Gaceta Oficial 3.791 del lunes 25 de febrero de 2002. Junto a Gastón Parra Luzardo fueron nombrados Jorge Kamkoff, Alfredo Riera, Carlos Mendoza Potellá, Luis Dávila, Argenis Rodríguez, Félix Rodríguez, Jesús Villanueva, Ar-noldo Rodríguez, Rafael Ramírez y Clara Coro. Kamkoff y Riera asumieron las vicepresidencias. Chávez respondió a las críticas: “Los que no estén de acuerdo, que se vayan”. Empleados de PDVSA enarbolaron entonces como con signa: “Sí a la meritocracia, no a la politización”.

Anuncio | GERENTES PA’ FUERA

El 7 de abril, el comandante Chávez anunció en el Aló Presidente 101 el despido de: Eddie

Ramírez, director gerente de Palmaven; Juan Fernández, gerente funcional de Planificación y Control de Finanzas; Horacio Medina, gerente de Estrategia de Negociación; Gonzalo Feijoo, asesor mayor de Estrategia de Refinación; Edgar Quijano, asesor laboral de Recursos Humanos; Alfredo Gómez; analista del marco regulatorio de Pdvsa Gas y Carmen Elisa Hernández, analista de proyectos de Pdvsa Gas. Chávez ordenó también la jubilación de 12 gerentes e investigar un sabotaje ocurrido en la refinería El Palito.

Diálogos | REUNIONES DIVULGADAS

C arlos Fernández, vicepresidente de Fedecámaras; Manuel Cova, secretario general de la CTV; Felipe Mujica (MAS); Alfonso Marquina (AD); Julio Castillo (Proyecto Venezuela); César Perez Vivas (Copei) y José Luis Mejías (Primero Justicia), se reunieron en marzo con John Maisto y Otto Reich y con miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes.

También la prensa publicó que el embajador Shapiro visitó al alcalde mayor, Alfredo Peña.

T/ I. Rodríguez Pérez