La Cámara Baja del Parlamento ruso aprobó este viernes un proyecto de ley que califica como «agentes del extranjero» y coloca “bajo estricto control” a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que son financiadas desde el exterior y participan en la vida política del país.
La normativa obligará a las ONG a inscribirse en un registro de «agentes extranjeros», al cual deberán rendir cuentas de sus actividades, a través de una auditoría contable anual e informes semestrales.
El proyecto de ley presentado por el partido gobernante Rusia Unida fue adoptado por 374 votos a favor, tres en contra y una abstención. Rusia Unida tiene la mayoría absoluta en la cámara, con 238 de los 450 escaños.
La ley considera políticamente activas a «las ONG que, independientemente de sus fines declarados, financien u organicen acciones políticas que persigan influir en la toma de decisiones de instituciones estatales» y participen en la formación de la opinión pública.
Aquellas organizaciones que se nieguen a presentar la documentación podrán ser sancionadas con multas de hasta 300 mil rublos (nueve mil 200 dólares), 480 horas de trabajo comunitario e, incluso, penas de prisión de hasta dos años.
En tanto, las ONG que participen en la vida política sin figurar en el registro recibirán otras sanciones, que van desde multas de hasta 500 mil rublos (15 mil 350 dólares) para sus responsables y de hasta un millón de rublos (30 mil 700 dólares) para las personas jurídicas.
Los partidos Rusia Unida, el populista Partido Liberal-Demócrata y el Partido Comunista, opuesto a toda «injerencia» occidental, votaron a favor del texto.
La discusión de este instrumento jurídico ha originado protestas por parte de numerosos activistas de los derechos humanos que la consideran como «retorno a los métodos del Estado totalitario del siglo pasado».