El 22 de enero de 2014, la derecha venezolana convocó a nuevas jornadas de violencia para desconocer la voluntad del pueblo venezolano. Ya lo habían hecho en 2004 y en 2013, sembrar el caos y pretender la ingobernabilidad para tomar de facto el poder. Leopoldo López fue el vocero e instigador principal del llamado y por eso fue condenado a 13 años, 9 meses y 7 días de prisión por los delitos de asociación para delinquir, instigación pública y determinador en los delitos de incendio y daños.
Desde los primeros días de enero, el plan desestabilizador había comenzado con la propagación de rumores sobre saqueos, en los Andes comenzaron a ensayar focos de disturbios y el 12 de febrero marcaban con una marcha hasta la sede de la Fiscalía General de la República el desencadenamiento del horror contra el pueblo venezolano. Todo había sido cuidadosamente concebido. Días antes de las elecciones del 8 de diciembre de 2013, en la web del grupo derechista Voluntad Popular se publica una especie de editorial titulado La Salida, firmado por Leopoldo López, de allí citamos lo siguiente: “¿Y después del 8D qué? En nuestra opinión, no tenemos otra opción que asumir clara y abiertamente salir de este gobierno con el alzamiento de la conciencia y el pueblo en la calle. La Constitución ofrece varios vehículos: constituyente, enmienda, revocatorio o renuncia, pero todos ellos requieren de lo más importante: la determinación firme del pueblo, de salir de este desastre ya”.
Antes, en un restaurant de la ciudad en el estado de Florida en EEUU, López había afirmado “Yo quiero venir a comunicarles a ustedes que yo estoy absolutamente convencido, y no soy yo sino somos millones de venezolanos, estamos absolutamente convencido de que Nicolás Maduro tiene que salir antes que tarde del gobierno de Venezuela. Nicolás Maduro y todos los que lo acompañan”.
La movilización del 12 de febrero culminó con dos personas asesinadas y el intento de incendiar las instalaciones del Ministerio Público, así como la destrucción de la plaza de Parque Carabobo. La violencia extremista prosiguió durante hasta mediados de junio focalizandose en centros educativos privados y urbanizaciones de las grandes ciudades. 43 personas asesinadas, 878 personas resultaron lesionadas, de las cuales 137 son efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz publicaba el 15 de febrero de 2015, una reflexión sobre lo que significaron las guarimbas: Las luchas sociales que persiguen auténticas reivindicaciones de sectores populares se diferencian ampliamente de las acciones callejeras, cuyo único propósito es crear ingobernabilidad y, por ende, inestabilidad política. Las ‘guarimbas’, protagonizadas por ciertos factores políticos, se inscriben en conductas violentas que, al margen de las aspiraciones populares, solo persiguen el poder político”.
Guayas, francotiradores, destrucción ambiental y patrimonial, asalto de instalaciones públicas, quema de autobuses, acosos y destrozos contra guarderías infantiles, fueron parte de los recursos que utilizó la derecha extremista para lograr sus fines.
ALGUNOS HECHOS CLAVES DE LA VIOLENCIA FASCISTA
El 6 de febrero: ya habían empezado a calentar las calles. En San Cristóbal, decenas de encapuchados violentaron la residencia del gobernado de Táchira, José Vielma Mora. Desmontaron cámaras de seguridad y lanzaron objetos contundentes. En junio intentaron hacer lo mismo, dos policías estadales resaltaron heridos como consecuencia de la acción.
El 22 de febrero: ese día fue asesinado por la instalación de las llamadas “guayas asesinas”, el joven Elvis Durán, quien transitaba en su moto. El hecho aconteció en la avenida Rómulo Gallegos, en el este de Caracas. Una de las acciones ordenadas en el plan de la derecha era el de interrumpir vías con este método, sin importar quien muriera.
El 1 de marzo: grupos de vándalos, que se habían concentrado para una marcha no permisada (convocada por María Corina Machado), se dirigieron a la sede del Ministerio de la Vivienda en Chacao, destrozaron sus instalaciones e iniciaron un incendio. En el lugar funciona una guardería, 89 niños de entre 6 meses y 3 años de edad tuvieron que ser desalojados de emergencia por los Bomberos.
El 8 de marzo: asesinan de un balazo en la cara a Gisella Rubilar Figueroa, chilena-venezolana de 47 años de edad. La señora había acudido junto con otros vecinos a despejar los escombros dejados, tras los bloqueos de la avenida Los Próceres, en la ciudad de Mérida.
El 12 de marzo: asesinan en Valencia, al capitán de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Ramzor Bracho Bravo, a quien dispararon cuando trataba de rescatar a otro compañero que había siudo herido durante las guarimbas en el distribuidor Mañongo de la capital carabobeña.
El 9 de abril: un francotirador asesina al Policía Nacional Bolivariana José Cirilo Darma García. El efectivo se encontraba cumpliendo con sus trabajo en la avenida Los Horcones, donde grupos de manifestantes violentos ejecutaban disturbios.
Para los autores de estos crímenes, la mayoría de derecha en la Asamblea Nacional tiene lista una ley de Amnistía.