Entorpecer la reunión del 13 de noviembre para la reestructuración de la deuda, impedir el normal desarrollo del proceso comicial del 10 de diciembre y sumir al país en una nueva ola de violencia terrorista, son los objetivos de estas medidas unilaterales e ilícitas del Gobierno de Trump y sus aliados

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Este jueves 9 de noviembre, la administración Trump impuso una nueva ronda de sanciones contra altos funcionarios del Gobierno Bolivariano y miembros de los poderes del Estado, entre ellos dos de las rectoras principales del Consejo Nacional Electoral (CNE), Sandra Oblitas y Milagros Socorro; y Carlos Quintero, también integrante del Poder Electoral; el actual embajador de Venezuela en Italia, Julián Isaías Rodríguez; el vicepresidente de la Asamblea Constituyente, Elvis Amoroso; el jefe de la Misión Transporte, general Carlos Osorio; los ministros Ernesto Villegas Poljak (Cultura), Freddy Bernal (Agricultura Urbana) y Jorge Márquez Monsalve (Despacho de la Presidencia) y al presidente de Cantv, Manuel Fernández.

Para justificarlo, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, apuntó que «mientras el Gobierno de Venezuela siga ignorando el deseo de su pueblo, nuestro mensaje es claro: EEUU no permanecerá de brazos cruzados».

El Departamento del Tesoro, por medio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), ha adoptado este año una larga lista de funcionarios y dirigentes sancionados por la Casa Blanca como parte de la presión internacional para sin éxito tratar de deslegitimar el funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y del Poder Electoral.

El Gobierno de Canadá decidió hacer lo propio el 3 de noviembre y anunció sanciones en contra del mismo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros 18 altos funcionarios, entre ellos el vicepresidente ejecutivo, Tareck El Aissami, el embajador ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) Rafael Ramírez y dos hermanos del comandante Hugo Chávez: Adán y Argenis Chávez Frías.

Las sanciones de la administración Trump contra dirigentes y funcionarios claves de la Revolución Bolivariana corresponden a la extensión de la orden ejecutiva 13692 emitida en 2015, mejor conocida como el Decreto Obama.

Tal y como señalan los mismos medios estadounidenses, estas acciones tienen un carácter disuasorio y de amedrentamiento, más que una efectividad concreta, toda vez que muchas de las personas involucradas no poseen bienes, cuentas o activos en Estados Unidos. Son una suerte de “condena moral”, que, viniendo de un régimen pseudodictatorial que se erige como “policía” del mundo, son una señal inequívoca del carácter progresista, popular y democrático del proceso constituyente venezolano.

Con esta acción, el actual Mandatario estadounidense coloca en evidencia que su gestión es la continuidad del mandato belicista que dejó su predecesor, Barack Obama, pues estas medidas ilegales y unilaterales no solo constituyen una violación al derecho internacional, sino un arma para la intervención política que busca desestabilizar al país en vísperas de un nuevo proceso electoral que apunta a otra victoria de las fuerzas progresistas y de izquierda.

Lo que la ultraderecha local financiada desde Washignton no logró con la violencia terrorista, los halcones del Pentágono quieren conseguirlo mediante las denominadas sanciones para obstaculizar el funcionamiento del Estado, entorpecer las importaciones y someter a la población a la escasez de alimentos y medicinas. Sin embargo, el Gobierno Bolivariano ha sorteado hasta ahora los más difíciles retos para garantizar el derecho a la alimentación y dar continuidad a la inversión social, pilar fundamental del modelo humanista establecido en el Plan de la Patria.

Llevar a la nación al default

Para el próximo lunes 13 de noviembre el Gobierno Bolivariano y los tenedores de instrumentos de deuda sostendrán un encuentro en Caracas para buscar la forma más efectiva de cancelar los compromisos externos del país.

El vicepresidente venezolano Tareck El Aissami, quien encabeza la comisión de reestructuración de la deuda, indicó que con este encuentro iniciará la construcción conjunta de mecanismos eficaces que «garanticen el cumplimiento de los compromisos en el marco de un proceso soberano de renegociación de nuestra deuda externa».

Y es que en los últimos cuatro años, Venezuela ha cumplido con los pagos de la deuda externa por un monto total de 71.700 millones de dólares. Sin embargo, las calificadoras de riesgo, que forman parte de la agresión financiera contra la Revolución Bolivariana, se han dedicado a rebajar las notas crediticias de la nación para “espantar” a los posibles inversionistas y poner en tela de juicio el funcionamiento de la industria petrolera, representada por la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), también sancionada por el Departamento del Tesoro.

Los medios de la derecha transnacional, como el Financial Times, auguran un resultado nada alentador de ese encuentro debido justamente a la existencia de sanciones por parte de EEUU, a las que se han sumado las de Canadá. No por casualidad la Unión Europea (UE) discute ese mismo lunes la posibilidad de imponer sanciones similares a Venezuela, lo que, a juicio de los analistas de la burguesía, impedirían cualquier acuerdo, pues las otras partes involucradas en la negociación temerían sufrir las consecuencias de las mismas.

Sin lugar a dudas, el objetivo es presionar al Gobierno y acrecentar el bloqueo financiero para empujar al Estado venezolano a una declaratoria de impago, pero el Ejecutivo ha demostrado que cuenta con la suficiente capacidad para remontar esta conspiración.

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Aberrante violación del derecho internacional

La Embajada de Venezuela en España solicitó este viernes a la Unión Europea (UE) que no viole el derecho internacional con la aplicación de posibles sanciones, similares a las impuestas por Estados Unidos, las cuales serán discutidas el próximo lunes 13 de noviembre por los ministros de Exteriores comunitarios en Bruselas.

El pasado miércoles los países de la UE acordaron sancionar a Venezuela por la supuesta represión en el país, con medidas como un embargo de armas y la posibilidad de imponer medidas restrictivas selectivas contra altos funcionarios del Ejecutivo y los ṕoderes del Estado, como prohibir viajar a territorio comunitario y congelar los bienes que puedan tener en la UE.

El embajador de Venezuela en Madrid, Mario Isea, dijo ayer que aprobar esas sanciones sería una aberrante violación del derecho internacional y “mostraría que la UE está supeditada a los intereses del Gobierno de EEUU”.

El diplomático venezolano añadió que, además, este tipo de iniciativas siempre se producen en fechas próximas a procesos electorales, el último de los cuales fue la reciente votación para gobernadores en la que “el chavismo ganó 18 gobernaciones y la oposición cinco”, lo que se traduce en un contundente respaldo popular a las medidas de protección social puestas en práctica por el Gobierno Bolivariano ante la agresión interna de las cúpulas transnacionales denominada guerra económica,

“Queremos que se apoye la democracia y no a los violentos, que son derrotados en las elecciones”, dijo Isea, para quien “el pueblo no quiere una intervención extranjera. Hay que dejar a los venezolanos que resuelvan en paz y democracia”.

En el caso concreto de la Unión Europea, reclamó “que se vuelva a la racionalidad y que se respete la legalidad internacional”.

Justo el miércoles 15 tendrá lugar en República Dominicana un nuevo proceso de diálogo entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición.

El embajador Isea saludó esa cita, resultado de los buenos oficios del actual presidente dominicano, Danilo Medina, y su antecesor Leonel Fernández, aunque advirtió que “algunos extremistas” de derecha intentan romper” el diálogo.

T/ Modaira Rubio
F/ Archivo CO
Caracas