La reforma sanitaria anunciada por el Gobierno de España contempla la retirada de la cobertura sanitaria gratuita a los inmigrantes irregulares, salvo en los casos de urgencia o embarazos, según el decreto publicado el martes en el Boletín Oficial de Estado, que recoge que la medida se pondrá en marcha desde finales de agosto.
El paquete, con el que el Gobierno espera ahorrar 7.000 millones de euros, incluye además cambios en el pago de medicamentos con receta y medidas contra el turismo sanitario, así como un aumento de la coordinación entre Comunidades.
El texto del Real Decreto alega «una alta morosidad y un insostenible déficit en las cuenta públicas sanitarias», afirmando que «se hace imprescindible la adopción de medidas urgentes que garanticen su futuro y que contribuyan a evitar que este problema persista».
Las áreas de Sanidad y Educación, tradicionalmente protegidas en España, se han visto afectadas por un plan de ahorro que se suma a unos sobrios Presupuestos Generales del Estado, entre presiones de Bruselas y los mercados financieros para que Madrid cumpla el objetivo de déficit del 3 por ciento del PIB para 2013.
Una de las modificaciones derivadas de la reforma sanitaria implica que el 31 de agosto dejarán de ser válidas las tarjetas sanitarias de los inmigrantes irregulares, un cambio con el que el Gobierno espera ahorrar 500 millones de euros.
Estas personas sí recibirían atención en caso de urgencia o de embarazo, parto y posparto, y los menores en situación irregular serán atendidos como españoles.
También los visitantes de países europeos se ven afectados por la nueva legislación. Para terminar con el llamado ‘turismo sanitario’, y ahorrar unos 1.000 millones de euros, según estimación de Sanidad, se requerirá a los ciudadanos europeos que trabajen o estudien en España, o en su defecto que cuenten con un seguro de enfermedad, para recibir atención en el Sistema Nacional de Salud.