Este martes, durante la emisión radial “Justicia y Valores”, transmitido por el circuito Unión Radio, la fiscal general de la república, Luisa Ortega Díaz informó que por el caso de la muerte de la intérprete de señas del canal Venevisión, Adriana Urquiola, fueron solicitadas otras dos órdenes de aprehensión.
Vale recordar que el hecho ocurrió el 23 de marzo de 2014, en el sector Los Nuevos Teques del municipio Guaicapuro del estado Miranda.
Ortega Díaz agregó que a estas personas se les solicitó el congelamiento de sus cuentas bancarias, sin embargo, no hizo referencia a sus nombres para evitar que se evadan de la justicia.
Por otra parte, la máxima representante del Ministerio Público destacó que tras la contundente actuación y las pruebas ofrecidas por los fiscales del caso fue condenado a 30 años de prisión Ángel Romero Bracho (42), por ser el responsable de la muerte del cacique y dirigente indígena de la etnia Yukpa, Sabino Romero Izarra (44), igualmente por las lesiones causadas a su pareja.
Recordó que ese hecho ocurrió el 03 de marzo del 2013, en el sector el Tokuko, parroquia Libertad de Machiques de Perijá, estado Zulia, al tiempo que manifestó que este caso marca un precedente importante y coloca en evidencia el esfuerzo realizado por la institución para lograr la condena del autor de este repudiable asesinato.
ACOMPAÑAMIENTO DE VÍCTIMAS
En el tema del día, Ortega Díaz se refirió a la protección que se les debe ofrecer a las víctimas y al trabajo mancomunado de las instituciones del Estado, a fin de velar por los intereses de estas personas en cada una de las fases del proceso penal.
Aseveró que constitucionalmente el Ministerio Público tiene la atribución legal de proteger a los afectados de un hecho punible y ejercer en nombre del Estado la coordinación de la investigación penal.
La Fiscal General expresó que la institución está estructurada para garantizar la reparación de los daños, así como para ejecutar acciones penales de protección. Por ello, se creó la Coordinación Nacional para la Protección de las Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales (Conapro), la cual brinda resguardo a quienes sean partícipes de procedimientos penales y que pudieran estar en una situación de peligro.
En este último caso, la institución está llamada a ofrecer asistencia, por lo que la Conapro hace un abordaje integral a las víctimas de un delito desde la perspectiva jurídica y psicosocial.
También para cumplir con este objetivo, la citada dependencia cuenta con profesionales calificados, casas de abrigo y brigadas de protección.
PRÁCTICA PERVERSA
Durante el espacio radial, la Fiscal General habló sobre el tema de la reventa de productos, conocida popularmente como “bachaqueo”, lo que calificó como una práctica perversa que se encuentra sancionada en el artículo 62 de Ley Orgánica de Precios Justos.
Puntualizó que quienes incurren en este tipo de acciones cometen un delito y hacen un daño grave al resto de la población, pues lesionan los intereses de los más vulnerables, como niños, niñas, ancianos, madres y personas enfermas, quienes se ven imposibilitados a acceder a ciertos productos.
La Fiscal General aseveró que estas actividades generan distorsión en el mercado, por lo que el Estado se ha visto en la obligación de tomar acciones necesarias para erradicar estas prácticas.
Ortega Díaz aprovechó para hacer un llamado a las personas que se dedican a la reventa de productos de primera necesidad a que cesen esas actividades.
De igual forma, manifestó su apoyo a las iniciativas del Ejecutivo Nacional dirigidas a erradicar esas conductas y afirmó que desde el Ministerio Público se continuará en la lucha contra este flagelo.