La intervención de comunicaciones privadas como parte de la investigación penal de los planes de magnicidio y golpe de Estado, fue autorizada por tribunales de la República a solicitud del Ministerio Público, desde el pasado mes de marzo.
La Fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que tras denuncias recibidas el pasado 18 de marzo se comisionó al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) para algunas diligencias vinculadas con la investigación y, conforme a los establecido por el Código Orgánico Procesal Penal, se solicitó la autorización para interceptar llamadas telefónicas y correos electrónicos.
Se le solicitó al juez de control, de acuerdo a lo que establece el Código Orgánico Procesal Penal, la interceptación o grabación de comunicaciones privadas, «eso fue debidamente autorizado por un juez de control, es más solicitamos una prórroga para continuar con estas interceptaciones de comunicaciones y correos».
Explicó que, sin afectar la reserva que exige la ley y con la garantía de no interferir en el desarrollo del proceso legal que corresponde, el pueblo venezolano ha recibido y recibirá informes oportunos sobre esta investigación.
“Estamos frente a un problema de seguridad de Estado, es un problema grave, que tiene que ver con la estabilidad del Estado venezolano, las instituciones y con la vida de la máxima autoridad de este país: el Presidente de la República”, puntualizó.
Desde que se inició la investigación de estos planes desestabilizadores, el Ministerio Público ha realizado diversas actuaciones y no descarta la citación de personas que puedan aportar más datos.
“Nos encontramos con muchas sorpresas en esos correos que fueron interceptados y por lo tanto hay que profundizar y determinar quiénes aparecen como responsables de lo que allí se afirma y el Ministerio Público es el que tiene esa responsabilidad y lo vamos a hacer”.