Yonderwil es venezolano, tiene 18 años, es estudiante, es papá de una niña de dos años, no vive con ella, no tiene un trabajo fijo, vive en la parroquia Petare, en la misma casa que su mamá y sus cuatro hermanos (todos varones) dos de ellos casados, uno en concubinato y el otro soltero, uno de ellos tiene tres hijos, y otro dos: 15 personas habitan en la misma casa.
Yonderwil trabajó en un autolavado primero y como colector en una línea de transporte público después.
Yonderwil no culminó el bachillerato porque la escuela no logró mantenerlo interesado. A Yonderwil no le gustaba la escuela.
La historia de Yonderwil no es muy particular, no es rara, es simplemente una historia. Hemos cambiado su nombre y le hemos preguntado muchas veces a que se dedica, solo dice que no está empleado en este momento y que en realidad tampoco consigue trabajo.
Yonderwil no tiene pasaporte, no tiene ningún bien a su nombre, tiene un título académico equivalente al noveno grado de la educación básica, dos motocicletas y un teléfono celular inteligente que cuesta 70.000 bolívares, es una persona que se reconoce a sí mismo como un «malandro», dice vivir la vida del «malandreo».
No hace trámites públicos, no acude a las instituciones para hacer solicitudes, reconoce a la policía como el ente público con el que más relación ha tenido durante su vida; cree en Dios, y no va a la iglesia, a pesar de ello dice tener esperanza, cree que todo va a mejorar para él y su familia, si todo sale bien.
La historia de Yonderwil devela detalles sobre la multicausalidad de la inseguridad ciudadana y urbana. La ciudad está dotada de ciertos elementos que influyen en la creación y desarrollo de este fenómeno.
Sin embargo, la historia de Yonderwil, no solo nos permite explorar la forma cómo interactúan agencias de socialización en el plano estructural: la escuela que no retiene ni contiene a sus estudiantes; la familia, con su modelo matricentrista y con sus nuevas configuraciones, distintas a la familia tradicional; el Estado, con su nivel de presencia en ciertos espacios urbanos, como el barrio, el énfasis de la institución policial en su interacción con los jóvenes varones y pobres; las dificultades para insertarse en el mercado de trabajo, la precarización laboral y la falta de cumplimiento de normas jurídicas de protección a los trabajadores, entre otras circunstancias, factores y causas que podríamos identificar como fuentes interrelacionadas de la inseguridad y sus manifestaciones.
DERECHO A LA SEGURIDAD CIUDADANA
El derecho humano a la seguridad ciudadana, al igual que cualquier otro derecho y especialmente las políticas públicas que tienen como objetivo efectivizarlos, presenta una brecha de implementación; es decir, la diferencia entre lo previsto o lo pensado, lo consagrado por las leyes y la efectiva ejecución, la posibilidad de disfrute y el ejercicio del derecho. Esa brecha se concreta en la falta de acceso formal o material a las instituciones, a las políticas o a las prestaciones previstas para determinada política.
Es fundamental mirar la ejecución de los planes, proyectos y políticas públicas y los elementos que permiten identificar justamente qué ocurre para que lo diseñado no se ejecute o qué ocurre para que la implementación o ejecución sean incapaces de generar los resultados esperados en materia de seguridad ciudadana.
Si el delito se incrementa o mantiene estables sus manifestaciones nos encontramos frente a un problema que puede estar en el diseño; sin embargo, es posible que el problema esté más bien en las dificultades para hacer realidad un diseño consensuado e integral en materia de seguridad; vale decir, en cómo se implementa la política pública, en quiénes son y cómo participan las y los actores involucrados, en qué elementos hacen la diferencia entre el derecho consagrado y el derecho efectivamente ejercido.
Es poco probable que diseñando y rediseñando desde cero y sin tomar en cuenta suficientemente los problemas de implementación de las políticas de seguridad ciudadana sea posible garantizar que las y los sujetos de derechos materialicen sus expectativas en cuanto a la seguridad o que el Estado optimice su capacidad para garantizar éste u otros derechos a las y los ciudadanos.
Habría que buscar tanto dentro como fuera del propio ámbito de seguridad, entender por qué cuesta llevar adelante un trámite ante una institución u oficina pública, y por qué es incluso más difícil para una persona joven, de clase popular, y más aún si es varón y no se ha insertado o ha dejado de lado mecanismos formales como la escuela o el mercado de trabajo.
No basta con volver a pensar la política pública desde su concepción, sino sobre todo, desde la forma como la realidad ve imposibilitada la materialización de los mecanismos y procesos que efectivicen el derecho, sea la seguridad ciudadana o cualquier otro.
Hay que rellenar la brecha, tender los puentes hacia derechos que no estén en papel, sino en la vida, en las vidas de las mujeres y hombres que son sus sujetos activos.