La justicia francesa acaba de dar al traste con toda esperanza de que los estados se responsabilicen de los desmanes que puedan cometer sus soldados en misiones de paz bajo el paraguas de la ONU. El caso de los militares franceses que habrían cometido abusos sexuales sobre niños en República Centroafricana ha acabado archivado al cabo de casi cuatro años.
Los tres jueces instructores tomaron esta decisión el jueves de la semana pasada, pero no se conoció hasta el lunes. Según ellos, simplemente no ha lugar porque las “incoherencias materiales” y “la variación de los testimonios no permite establecer hechos sustanciados contra los militares”, y eso a pesar de que admiten lo mismo que señaló la fiscalía de París: “No se puede afirmar, por la información recogida, que no se cometiera ningún abuso sexual”.
La falta de pruebas y las “incoherencias” a que se refieren los jueces remiten a una serie de interrogatorios de varios niños de 9 a 13 años en locales oficiales de la capital centroafricana, Bangui, en presencia de militares y jueces blancos franceses y sin la asistencia de abogados ni psicólogos, algo que “nunca habría sido autorizado en Francia”, según Emmanuel Daoud, abogado de una de las dos asociaciones de protección de la infancia que presentaron denuncias contra cuatro soldados. Los interrogatorios, además, se realizaron en el 2015 y el 2016, mucho tiempo después de producirse los hechos.
En cambio, los jueces desestimaron pruebas como el hallazgo de ocho vídeos pornográficos de carácter pedófilo en poder de uno de los soldados porque podrían haber sido descargados accidentalmente según el modo en que funcionan las webs porno en internet, señala el diario Le Figaro.
No hay duda, sin embargo, de que hubo abusos sexuales pedófilos porque el caso comenzó con denuncias recogidas en el 2014 por Naciones Unidas y acabó formando parte de un grueso informe encargado por el secretario general, António Guterres, y publicado en marzo del 2017. Este informe, que expone la mayor de las vergüenzas del organismo internacional, concluía que en 9 de 16 misiones de paz actualmente en marcha se cometían abusos sexuales, y la República Centroafricana concentraba nada menos que el 50% de las denuncias.
Ocurrió entre diciembre del 2013 y junio del 2014 en el campo de desplazados de M’Poko, junto al aeropuerto de Bangui, y en un contexto de guerra civil entre milicias cristianas y musulmanas. Los soldados franceses participaban en una misión de paz llamada Sangaris, aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU. Según se supo, los militares obligaban a menores a practicar sexo oral, y otras vejaciones, a cambio de comida o dinero. Tropas de Burundi, República Democrática de Congo, Congo, Gabón, Marruecos y otros países de la misión paralela de la ONU, Minusca, hacían lo mismo.
Posiblemente nunca se habría sabido nada si el jefe de operaciones del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, el sueco Anders Kompass, no hubiera filtrado al diario británico The Guardian un informe confidencial, harto de que éste fuera pasando de despacho en despacho y nadie hiciera nada. Eso fue en abril del 2015, pero ya en julio del 2014 el funcionario de la ONU había remitido ese mismo informe –Abusos sexuales de niños por fuerzas armadas internacionales– al Ministerio de Defensa francés.
Anders Kompass fue suspendido fulminantemente por sus filtraciones, pero un nuevo informe, esta vez oficial (Actuando contra la explotación sexual y los abusos por las fuerzas de paz) le dio la razón. Nada impidió, de todos modos, que abandonara Naciones Unidas. La magistrada canadiense Marie Deschamps, que estuvo al frente de la investigación, concluyó que la ONU no hizo nada por asistir a los niños, ni por averiguar si había otras víctimas, que el asunto no pasó a manos de oficiales superiores y que se procuró no molestar a Francia…
El Ministerio de Defensa francés remitió el informe de Kompass a la fiscalía de París, que abrió una investigación preliminar, aunque no la hizo pública. Por fin, una instrucción judicial abierta en mayo del 2015 reconocía 14 encausados pero se centró en solo cuatro militares, y ello a pesar de que fueron apareciendo testimonios de hasta 41 menores. En la denuncia de Kompass se recogían testimonios de 6 niños de entre 8 y 15 años. Unos decían haber sido violados o haber sido testigos de violaciones, y otros, haber sufrido abusos. Algunos fueron capaces de dar descripciones precisas de los soldados.
Todo esto ha acabado siendo cuestionado por los jueces. Y ello a pesar de que la investigación encargada por António Guterres reconoce más de una docena de casos de violación y violencia sexual por parte de los soldados de la misión Sangaris, 7 de cuyas víctimas eran niños. Los abogados de la acusación civil han insistido siempre en que la investigación fue “parcial” (recae en parte en militares franceses encargados de conocer las acciones de las tropas en el extranjero) y estuvo “llena de lagunas”.
Existe otra investigación en curso en París, desde octubre del 2016, referente a la violación de un centenar de jóvenes en la región centroafricana de Dékoa y que implica a soldados de Burundi, Gabón y Francia. Pero el carpetazo al caso de M’Poko augura escasas perspectivas de que, como desea el secretario general de la ONU, los países miembros promuevan las denuncias internas, las investiguen a fondo, apliquen la justicia y asistan a las víctimas.