Los sindicatos en el sector público venezolano deben dar paso a los procesos de gestión compartida en las distintas unidades productivas de bienes y servicios, y ser sustituidos por Consejos Laborales.
El sindicato es una institución surgida para defender los intereses del trabajo frente a los del capital, que en el caso venezolano se han convertido en instituciones “corporativizadas”, que defienden sus intereses particulares, en muchos casos independientemente de la producción, productividad y capacidad financiera de las empresas públicas, otorgándole el Gobierno transferencias para pago de salarios.
Todo ello derivado de concesiones contractuales “generosas”, en las que se beneficiaban sus respectivas autoridades.
Un nuevo “contrato social” es necesario en las empresas del sector público venezolano, especialmente en el segmento en el que su producción se comercializa.
Hay que cambiar radicalmente las relaciones sociales, en las que uno de sus elementos clave es una nueva forma de determinación de los salarios, que deben estar en primer lugar en función de la producción y de los aportes de trabajo de la clase obrera.
La clase obrera tiene el reto de responsabilizarse y comprometerse con las empresas en su gestión, como expresión de la clase-que-vive-del-trabajo, el pueblo venezolano, lo que equivale a mirarse como parte de un colectivo superior y no solo de sus interés individuales.
Solo en la medida que avancemos en la construcción de nuevas relaciones sociales en las empresas del sector público y que conjuntamente con el sistema económico comunal contribuyan a la satisfacción de las necesidades de la propia clase obrera, estaremos en la perspectiva de la transición al socialismo.