A tres años de la creación de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (Lottt), proyecto aprobado por el expresidente Chávez, sindicatos zulianos consideran que urge la creación de una fiscalía laboral que se encargue de ejecutar las medidas en defensa del sector obrero.
En el Observatorio Laboral Guiseppe Rasppa, su presidente y vicepresidente, Deiro Salcedo y José Mendoza, respectivamente, conversaron con el Correo del Orinoco para defender el instrumento legal que contempla sanciones punitivas para los patronos que se niegan a reenganchar a los trabajadores injustamente despedidos.
“Es una medida novedosa que no la tiene ningún país del mundo”, expresó Mendoza.
La naturaleza primaria de una fiscalía exclusiva para asuntos laborales sería la de fortalecer la defensa del proceso social del trabajo; estaría en la capacidad para realizar un proceso sistemático que permita enfrentar el fenómeno de la criminalización de los sindicatos y sus protestas.
PROTECCIÓN A SINDICATOS
En el primer foro sobre la discusión para la propuesta de una fiscalía laboral que haga cumplir la punibilidad de la ley, Salcedo explicó que se trata de un tema que debe ser asumido por el movimiento sindical.
Manifestó que la fiscalía no debe ser usada en contra de los trabajadores, sino que debe hacer cumplir las normativas que ya existen.
“En Venezuela no hay fiscales especializados en materia laboral, y existen muchos casos de criminalización de la protesta de los sindicatos, para luchar contra este flagelo es que se propone esta fiscalía”, señaló.
Una de las contradicciones y problemas que enfrentan los sindicatos en Venezuela es la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, que a su juicio sería usada por funcionarios y gerentes del estado, así como por la misma patronal, para intimidar con los cuerpos de seguridad a dirigentes sindicales, a los sectores populares y cualquiera que exija derechos en el sector laboral.
Según Salcedo, esta ley establece de manera amplia calificaciones como: “acto terrorista” “actividad sospechosa” “delincuencia organizada”, entre otras. “Se considera -por citar un ejemplo- como acto terrorista desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamentales. En ese contexto se establece una pena de 8 a 10 años para quien en cualquier forma o grado; obstruya, retrase, restrinja, suprima o afecte el comercio o industria por medio de violencia o amenaza contra cualquier persona o propiedad, en apoyo o beneficio de un grupo delictivo organizado (artículo 50). Es decir, una huelga, un cierre de calles, la toma de un establecimiento comercial o industrial puede ser considerado una actividad desestabilizadora y puede ser calificada como acto terrorista”, explicó.
En muchos casos –continuó Salcedo- existe una política de judicialización del ejercicio de la libertad sindical, con el sometimiento de sindicalistas a procesos penales por ejercer sus obligaciones sindicales. Esta política es un componente de los procesos de criminalización de la protesta pacífica, que vienen siendo denunciados desde 2009 por diversas organizaciones sociales en el país.
“Los jueces penales siguen adoptando medidas que impiden a sindicalistas convocar asambleas o acercarse a las empresas. Es el caso, por ejemplo, de sindicalistas de la empresa Alentuy, en el estado Lara, sobre quienes se dictó una medida que les impedía acercarse a las instalaciones de la empresa y conversar con los trabajadores y trabajadoras”, acotó.
DEFENSORÍA LABORAL
Otra propuesta que maneja el Observatorio es la creación de la defensoría laboral, que vendría a defender los derechos humanos y laborales de las trabajadoras y los trabajadores. Asimismo, plantean la reestructuración de la procuraduría laboral, pero que a juicio de los especialistas en materia laboral “no cumple a cabalidad con la observación y el cumplimiento de los derechos laborales”.
“Necesitamos mecanismos que garanticen el cumplimiento de la ley en las instituciones del estado y en las empresas privadas”, resaltó el vicepresidente del Observatorio Laboral, José Mendoza.
“La defensoría laboral pretende que el Estado tenga capacidad de autotutela; es decir, capacidad de depurarse a sí mismo y procesar a funcionarios públicos que atenten contra la garantía de los derechos laborales”, añadió.
OBSERVATORIO
El Observatorio Laboral nació hace 5 años debido a la necesidad que existe de analizar y poner acorde con la realidad la Lottt.
Este observatorio está conformado por abogados, sindicalistas y trabajadores en general, que luchan por sacarle el mayor provecho a la ley.
“Buscamos dar a conocer la ley en sus aspectos más importantes, insertándonos en la lucha laboral”, acotaron los dirigentes sindicales.
“Esta discusión sobre la Lottt es la mejor manera de desmontar el discurso de la derecha, que pretende deslegitimar un proyecto creado para proteger a la clase obrera venezolana”, declaró Mendoza.
NULIDAD
En este debate que existe en torno a la ley, se encuentra la lucha que empresarios y la burguesía en general han hecho su contra.
En la actualidad, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) exige unas sanciones -y los grupos económicos un amparo constitucional- para lograr la nulidad del artículo 367, que habla sobre las atribuciones y finalidad del sindicato, contribuir a la producción de bienes y servicios y ejercer control sobre costos y ganancias para que sean justos para el pueblo.
“La OIT no comparte el contenido de este artículo porque nos da derecho de inmiscuirnos en los procesos socio productivos”, destacó Salcedo.
Prosiguió: “No podemos permitir que la Asamblea Nacional sea asumida por la derecha, ya que podrían acabar con la Lottt”.
Recalcaron que la defensa de la ley es prioritaria, ya que si se le compara con otras leyes aplicadas en otros países del mundo, “la nuestra es progresiva”, hay que luchar por aplicarla y profundizarla.