El sistema normativo de Venezuela en materia de género es un ejemplo para el mundo, sostuvo este viernes la magistrada Isbelia Pérez Velásquez, vicepresidenta de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia.
Recordó que el derecho al acceso a la justicia en el país se inició como una asistencia legal, motivada por razones administrativas, luego evolucionó hasta convertirse en parte del bienestar social y, en la actualidad, es reconocido por la Constitución Bolivariana de Venezuela.
La Carta Magna reconoce el derecho de todas las personas, jurídicas o naturales, venezolanos y extranjeros, a acceder al sistema de justicia, y lo garantiza en diversas disposiciones entre las cuales se encuentran los artículos 26, 257 y 258 de dicho texto constitucional.
En ese sentido, Pérez Velásquez señaló que para garantizar el debido cumplimiento de este derecho se crearon diversas políticas públicas, que hoy se han convertido en un «escudo legal» para la ciudadanía, sobre todo para las mujeres venezolanas.
Entre esas políticas públicas destaca la promulgación de instrumentos legales tales como la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; Ley para la Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad; Ley de Lactancia Materna; resoluciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) para la participación política de las mujeres; la creación del Banco de Desarrollo de la Mujer (Banmujer) y la Misión Madres del Barrio.
De igual modo, en el país se creó el Instituto Nacional de la Mujer (Inamujer), como instancia ejecutora de políticas públicas con perspectiva de género.
La creación del Ministerio para la Mujer e Igualdad de Género, en 2008, es también uno de los logros más importantes obtenidos en esta materia, a través del cual se ejecuta las políticas públicas y la defensa permanente de los derechos de las ciudadanas.
Como parte de estas políticas públicas destacan, entre otros, la creación de una infraestructura institucional de servicio para la atención, prevención y erradicación de la violencia contra las damas, en concordancia con la Ley Orgánica sobre del Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Además, se impulsa la participación protagónica de las ciudadanas en las organizaciones de base del Poder Popular, como consejos comunales, comunas en construcción, comités de Salud, de Tierra y mesas técnicas.