Los 600 trabajadores bananeros que cumplen su decimocuarto día de huelga, recibieron este miércoles una donación de alimentos para paliar la crítica situación de las familias, informó a Prensa Latina un vocero del Partido Frente Amplio (FA).
La empresa sigue sin aceptar un arreglo y esta mañana el padre Gerardo Vargas, párroco de la provincia caribeña de Limón, hizo entrega a los huelguistas de los víveres recolectados en el despacho del diputado por el FA José María Villalta, anunció María Florez-Estrada.
Un comunicado de prensa de Villalta, emitido el pasado 11 de junio, hizo un llamado a ayudar a las familias que están sin comida, porque en los comercios de la zona no les venden alimentos a crédito.
Esto fue negado por Banana Development Company (Bandeco), subsidiaria de la transnacional estadounidense Del Monte.
El viernes pasado la empresa emitió una declaración a la prensa donde asegura que es falsa la información de los cierres de los establecimientos donde los bananeros se abastecen de víveres.
Por su parte, el diputado del FA expresó su respaldo a 600 trabajadores que mantienen el paro en tres fincas de Sixaola, en Limón, para que reintegren a sus labores a 52 trabajadores despedidos.
Recordó Villalta que la cesantía fue en represalia por el paro del 7 diciembre de 2012 en protesta contra las malas condiciones laborales, como resultado de la cual se creó un sindicato en esa empresa.
El despido viola el acuerdo colectivo, también fruto de la huelga, por tanto, los trabajadores tienen razón para su reclamo.
Otra versión opuesta ofrece Bandeco, la cual asegura que los despidos se ejecutaron en estricto apego a la ley y dentro de los plazos establecidos, luego que un tribunal declarara ilegal el movimiento huelguístico de diciembre del 2012.
Informaciones publicadas el lunes por el diario Prensa Libre refieren que la empresa está a la espera de un fallo de los tribunales para también declarar ilegal la actual huelga, según Luis Gómez, abogado de Del Monte en la región.
Aseguró que la solicitud de legalidad, por el momento, no implica más despidos, pues solo pretenden comprobar hasta qué punto es válido el movimiento de los bananeros que genera serias pérdidas a la empresa.