El presidente de la Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional, William Ojeda, responsabilizó al Gobierno de Miranda, de lo que le pueda pasar a los jóvenes del Servicio de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes del estado Miranda (Sepinami), trasladados en su mayoría a comisarías policiales ubicados en distintas zonas de la entidad.
El parlamentario expresó su preocupación por la situación de indisciplina que está ocurriendo en el Sepinami. Asimismo, ratificó que la situación generada en ese centro de protección se debió a la reducción del horario de visitas, en este caso, los funcionarios que dirigen el centro, pretendieron reducir en un 75% el horario de visitas, es decir, de 2 horas pasarlo a 20 o 30 minutos y esto desencadenó una serie de acciones violentas.
Asimismo, recordó que el sistema penitenciario se encuentra en manos del Gobierno nacional, sin embargo la atención de adolescentes en algunas regiones está por una maniobra que se hizo desde el Inan en el año 1998, en manos de gobiernos regionales y en este caso añadió: “estamos observando un desastre en la atención de adolescentes en el estado Miranda”, advirtió.
Igualmente, detalló que el Gobierno nacional atiende más de 4 mil 500 adolescentes en conflicto con la ley penal, donde 3 mil 428 son atendidos a través de un servicio especializado llamado entidades de formación no privados de libertad y mil 056 privados de libertad, en estos centros de atención el 100% de estos jóvenes estudian y realizan otras actividades como: música, deportes, agricultura en horarios complementarios.
En el caso de Miranda, el (Sepinami) se encuentra bajo la tutela y la toma de decisiones por parte de la gobernación de Miranda y en este centro hay apenas 59 adolescentes.
Destacó que entre las denuncias formuladas e investigadas por la comisión figura la quema de colchones, expedientes y daños generales en la infraestructura. “No pude ser que el Jefe de Gobierno del estado Miranda esté dedicando su tiempo para conspirar contra el Gobierno nacional y a tratar de desestabilizar el orden de la República y no a atender su deber y responsabilidad”, exclamó el diputado Ojeda.
Esta anarquía llevó que a jóvenes de algunas zonas o espacios de reclusión llamado CPL1, rompieran esas instalaciones, abrieran un boquete y se pasaran al CPL 2 y esta situación de descontrol y anarquía no fue atendida tal y como lo señala Naciones Unidas de manera expresa por custodios especializados con una atención detallada en materia de menores sino, por una brigada antimotín de la policía de Miranda, denunció.
Además, en el sitio dijo que se consiguieron a 16 adultos, es decir jóvenes que habían superado los 18 años y esta situación también es anómala, grave y delicada, ya que inmediatamente que el joven cumple 18 años debe ser separado y debe aplicársele la atención requerida y focalizada, recomendó.
Asimismo denunció que parte de estos jóvenes han sido trasladados a comisarías policiales ubicados en distintas zonas del Estado, en este caso advirtió y responsabilizó al gobierno de Miranda que cualquier cosa que le pase a estros adolescentes es responsabilidad directa del Gobierno del estado Miranda, quien debe dedicar su tiempo y energía a atender sus responsabilidades como es la del servicio disciplinario de adolescentes, reiteró.
Aseguró que si el Gobierno mirandino declara su incapacidad para atender la situación presentada en el Sepinami en conversación con el viceministro de Atención a los Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, Ramón Antonio García Utrera, prestará la ayuda necesaria en aras de restituir el orden es ese centro de atención.
Finalmente, agregó que la comisión se reunirá de emergencia en las próximas horas y de esta manera avanzar en detalles que puedan resolver el conflicto. Igualmente dijo que como instancia legislativa que trata temas de religiones y cárceles acudirán a las diversas instancias del poder público nacional que sean necesarias a los fines de establecer responsabilidades.