La Asamblea Nacional (AN) transitoriamente en manos de la derecha ultramontana, se jugó a Rosalinda en el intento de bloquear el Presupuesto de la Nación para el ejercicio fiscal del venidero 2017.
Con la estrategia pretendían abrir un nuevo frente de ataque, visto que luego de casi cuatro años de guerra económica no han logrado los resultados esperados en el terreno político, porque Nicolás Maduro sigue ocupando el Palacio de Miraflores.
Es decir, como el criminal trabajo de caotización de los sistemas de distribución y consumo de bienes esenciales, así como las tácticas de acaparamiento, contrabando, simplificación de la producción y especulación abierta no terminan de desestabilizar al Gobierno, con el jurásico Henry Ramos Allup a la cabeza han tratado de torpedear la Ley de Presupuesto 2017 para poner en riesgo el avance de las políticas sociales.
Hay que decirlo con todas sus letras: el ataque que pretendió la derecha nacional contra el Presupuesto Soberano 2017 constituía una puñalada a la yugular de la inversión social. No hay otra explicación, sobre todo si tenemos presente que en la planificación de ingresos y egresos del próximo periodo está previsto destinar 70% del ingreso nacional al ámbito social.
Ha sido precisamente esa visión la que ha permitido que en los últimos 15 años se hayan destinado mas de 800.000 millones de dólares al financiamiento de diversos programas y Misiones, lo que representa que de cada 100 dólares que se han percibido 70 se han utilizado para saldar la gigantesca deuda social legada por la impresentable IV República.
La decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) evitó a tiempo que los planes de la AN adeca se pudieran materializar. Se trata de un asunto de soberanía presupuestaria, para que la Patria pueda seguir su rumbo hacia el imperio de la justicia social. Este pueblo, hijo legítimo del hombre de las dificultades, debe tener plena conciencia de ello.