Por Oliver Reina|Sobre el Decreto: hacer y comunicar (Opinión)

El Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica recientemente suscrito por el presidente Nicolás Maduro ha sido objeto de un recurrente debate que, como lamentablemente es recurrente, se basa mas en interpretaciones de terceros que en el manejo directo de la información, a pesar de que esta es de carácter público. Y dado nuestro demostrado nivel de permeabilidad ante los mensajes mediáticos, sin pasarlo por el respectivo matiz de su decodificación crítica, se torna un tema que obliga a prestarle la mayor de las atenciones.

Algunos de quienes apuestan al caos realizan libres y tendenciosas interpretaciones de lo que reza el texto del Decreto, generando malintencionadamente incertidumbre y zozobra, bajo la premisa de manipular, generar descontento y pescar en rio revuelto.

Esta maraña desinformativa de exageraciones, tergiversaciones y malas intenciones, sumado al clima de desestabilización que apuestan por agudizar, torna urgente una política comunicacional efectiva, que desmonte las mentiras con verdades (aunque suene a perogrullada, no es tal) y que explique con claridad los alcances de cada decisión tomada, que pedagógicamente se detenga en las razones que han obligado a tomar estas decisiones y que detalle la filigrana de los beneficios concretos que el Decreto tendrá en el ciudadano de a pie.

Revisando con detalle el fondo de la Gaceta Oficial 6227 Extraordinaria, sus 11 Considerandos y sus 12 Artículos, los objetivos generales que persigue se encuentran en su gran mayoría bastante precisados, sin menoscabo de las formas, las cuales siempre serán perfectibles.

Sin embargo, es precisamente en aquellos aspectos que no se encuentran lo suficientemente precisados que radica la necesidad actual de comunicación efectiva, y a ellos vale la pena dedicarle especial esfuerzo para lograr lo que hoy es una necesidad: que las acciones tomadas por el Poder Ejecutivo cuenten con la legitimidad no solo institucional por el hecho de emanar del Poder Público sino por contar con la comprensión masiva de la sociedad y en cuanto tal, sumar apoyo a las iniciativas para lograr una defensa consciente y madura de todos los sectores sociales ante las decisiones asumidas.

Que la Asamblea Nacional (AN) negara el Decreto no sorprendió a nadie; que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) avale su carácter constitucional, tampoco lo hará. Así que con ambos pasos adelantados, resta sumar a la legitimidad popular de esta iniciativa del Ejecutivo Nacional. Allí, comunicar efectivamente es la clave.

@oliv22