En declaraciones a la prensa el ministro Jorge Giordani reconoció que «cuando se crea un sistema de administración de divisas, el otro polo, la gente que quiere burlarlo, nace automáticamente. Puedes perseguirlos, pero siempre le buscan la vuelta: la sobrefacturación, los containers llenos de piedra, trucos para lograr su meta: comprar barato y vender caro»; el ministro de Finanzas, Nelson Merentes, admitió que «el Sitme no cumplió el objetivo de evitar que el dólar paralelo escalara”; y, la presidenta del BCV, Edmée Betancourt, advirtió que «no nos podemos volver locos como el año pasado, que se entregaron 59 millardos de dólares”, de los cuales de 15 a 20 mil millones se sobrefacturaron o fueron a parar a empresas de maletín.
La sobrefacturación también se presenta en las importaciones del sector público, cuyo monto fue de $ 22 millardos y se estima que 38% fueron ficticias. En el sector privado las importaciones superaron $ 35 millardos y la sobrefacturación se calcula en 20%.
La sobrefacturación no es un delito que comete alguien aislado, solo es posible a través de mafias organizadas que se van tejiendo en los entes públicos que tienen que ver con los procedimientos para importar. Por eso aplaudimos los esfuerzos que está haciendo el presidente Nicolás Maduro para combatir y desmembrar las organizaciones criminales que están defraudando a la Nación.
Pero mientras el diferencial entre la tasa oficial y la no oficial sea tan grande, el incentivo para sobrefacturar se mantendrá, generando una demanda mayor a la que se requiere para adquirir el componente importado.
La solución pasa por sustituir el anclaje cambiario por un sistema de banda que elimine el subsidio al dólar oficial, toda vez que éste se traduce en un poderoso estímulo para que los inescrupulosos cometan el delito de sobrefacturar las importaciones.