La sociedad civil panameña y los partidos políticos de oposición de Panamá reaccionaron de forma vigorosa y unánime contra un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que anula una decisión del Tribunal Electoral (TE).
Sectores sociales y políticos del país coincidieron en la interpretación de que detrás de la acción ejecutada por el magistrado Alejandro Moncada Luna, presidente de la CSJ, podría estar la intención de crear un precedente muy peligroso para la estabilidad y seguridad jurídica del proceso comicial.
Otros como el exprocurador Alvin Weeden vieron en la acción de Moncada un intento encubierto de sentar las bases para ulteriormente buscar vías para la reelección del presidente, Ricardo Martinelli, aunque voceros del gobierno lo desmintieron.
Su colega el exmagistrado electoral Guillermo Márquez Amado lo calificó de adefesio jurídico para atornillar en el poder al candidato presidencial del mandatario.
El Tribunal Electoral actuó rápida y decididamente al convocar a una rueda de prensa para presentar un documento que recorrió el mundo por su frase inicial: «Este es un día triste y funesto para nuestra democracia».
La CSJ decidió echar abajo la orden del TE de suspender una cuña considerada campaña sucia contra el candidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático, Juan Carlos Navarro, presentada por un movimiento oficialista recién creado llamado Panamá Avanza.
El cúmulo de reacciones contra la CSJ y su titular Moncada, puesto en el cargo por el mandatario, incluye a la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, el Consejo Nacional de Periodismo.
Por su parte, el Colegio de Abogados llamó a crear un frente entre los candidatos presidenciales para la defensa del TE, y todos los partidos políticos opositores repudiaron y denunciaron la maniobra encabezada por Moncada Luna.