La Fundación para Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Capital solicitó a la Contraloría General de la República hacer una revisión de los procedimientos de investigación que lleva a cabo el Ministerio Público (MP) para atender las denuncias sobre uso ilegal de menores en actos políticos violentos dirigidos por la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
La presidenta de la institución, Anahí Arizmendi, indicó que ante el MP ha sido introducida una serie de denuncias, individuales y colectivas, contra partidos y actores políticos por su responsabilidad en la convocatoria y dirección de acciones de violencia de calle en las que han sido utilizados menores de edad, algunos de cuales han perdido la vida o han sido víctimas de violencia física y psicológica. Además, se viola el derecho a la educación, el libre tránsito y la paz.
«Nos preocupa en ese sentido cuál es la tipificación (de los delitos), porque no vemos que haya sanciones privativas de libertad, cuando la utilización de niños, niñas y adolescentes para instigarlos a delinquir, la utilización de niños para actos terroristas, atacar a niños y adolescentes y violentarles sus derechos colectivos y difusos, implican medidas privativas de libertad que van desde 5 a 20 años», detalló Arizmendi.
Muchos de esos delitos -precisó- están «establecidos en la Ley contra el Terrorismo, en el marco de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y en la Lopna (Ley Orgánica para la Protección del Niño y Adolescente)».
«Acudimos hoy a la Contraloría General de la República a fin de solicitarle al Contralor que en el marco de las auditorías que se vienen realizando sobre las actuaciones del MP, se incluya y se analice cuáles son las actuaciones que en materia de violación de derechos de niños, niñas y adolescentes ha llevado adelante la Fiscalía, y de abrir investigaciones o haberlas realizado, cuál es la tipificación que le está dando a los delitos», enfatizó, luego de introducir el documento.
En 102 días de acciones de calle, casi ininterrumpidas, generadoras de focos de elevada violencia en diversos puntos de la ciudad, principalmente en los municipios Chacao, Sucre y Baruta, del este de Caracas, gobernados por la derecha, han resultado gravemente lesionados menores de edad captados por algunos grupos y dirigentes de ultraderecha, quienes los dotan de armamentos artesanales, dinero y otras sustancias ilícitas y los instigan a delinquir en las manifestaciones de calle, orientadas a generar un clima de inestabilidad política e ingobernabilidad en el país.
Uno de los casos más trágicos, sobre el cual el MP no ha procedido contra sus responsables penales, fue el del joven Neomar Lander, de 17 años, quien falleció víctima de un explosivo artesanal que iba a disparar hacia un piquete de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).