El Vaticano debe abrir sus archivos sobre los abusos sexuales cometidos por sus clérigos, solicitó ayer un grupo austríaco de defensa de las víctimas, afirmando que las nuevas reglas de la Iglesia católica sobre el manejo de estos casos son insuficientes.
«La justicia eclesiástica no nos interesa. El Vaticano todavía no está dispuesto a abrir sus archivos y a entregar a las autoridades civiles los registros relativos a los abusos» sexuales, declaró a la AFP el portavoz de un grupo llamado «Víctimas de la violencia de la Iglesia», Franz-Jakob Purkarthofer.
Las nuevas normas anunciadas por la Santa Sede prevén «procedimientos acelerados para tratar los casos más urgentes y graves, permitiendo la designación de laicos en los tribunales eclesiásticos», precisó el Vaticano en un documento titulado «normas sobre los delitos más graves».
La Iglesia católica trató de darle rapidez a las investigaciones internas y endureció las reglas contra la paedofilia en el clero, aumentando en diez años el período de prescripción y asimilando los abusos sexuales cometidos contra minusválidos mentales a la pedofilia.
Sin embargo, las nuevas normas no incluyen una «orden explícita» a las iglesias locales implicadas en investigaciones de abusos sexuales de dirigirse a la justicia civil. Precisamente ésta era una de las principales demandas de los defensores de las víctimas de paedofilia.
Otro grupo, «Wir sind Kirche» (Nosotros somos la Iglesia), de la Iglesia católica en Austria, también consideró que estas nuevas medidas son «insuficientes».
«Las medidas no van a las raíces de las estructuras dentro de la Iglesia. Estos abusos son en realidad abusos de poder en una forma sexual», afirmó el activista Peter Hurka.
«Debería haber cambios estructurales, que limiten y controlen el poder de todos los jerarcas de la Iglesia, incluyendo a los obispos y el Papa», agregó Hurka.
NUEVO DECRETO
Las nuevas normas, elaboradas por la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF), antes Santa Inquisición y refrendadas por el papa Benedicto XVI, actualizan y elevan a la categoría de ley un «motu proprio» (decreto) de Juan Pablo II de abril de 2001, completado por un texto del actual pontífice que enumera los delitos: pedofilia por parte de un hombre de Iglesia, y ataque a los sacramentos de la eucaristía y la penitencia.
También la ordenación de mujeres, es considerado un “delito grave contar al fe” e implica la excomunión inmediata.