Representantes de la Organización no Gubernamental Prevención Popular, asistieron este miércoles al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitar un antejuicio de mérito en contra del Gobernador del estado Lara, Henri Falcón, por dos hechos que a su juicio lo colocan al margen de la Ley.
Así lo informó Gerson Pérez, miembro de Prevención Popular, quien explicó que hicieron acto de presencia ante el TSJ, pues se han presentado “dos irregularidades que constituyen delitos, como lo son la violencia contra un grupo de mujeres pertenecientes al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y contra el medio ambiente”.
Pérez explicó que un grupo de damas han sido víctimas de violencia física y psicológica no sólo por parte del gobernador, sino también por grupos cercanos a este.
Indicó que luego de la denuncia formulada la semana pasada ante la Fiscalía General de la República, las damas han sido visitadas por motorizados armados, que han intentado amedrentarlas de forma directa.
Cabe destacar que hace algunos días un grupo de mujeres, una de ellas embarazada, asistieron a la Fiscalía para denunciar al actual gobernador de Lara quien presuntamente las había agredido físicamente.
Pérez indicó que existe un precedente, “el antejuicio contra el ciudadano Wilmer Azuaje que agredió a una funcionaria del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, y en el cual el pronunciamiento fue realizado por el TSJ”, agregando además que “ante la similitud de los hechos estamos solicitando ante la misma instancia el antejuicio de mérito”.
Por otra parte, explicó que Falcón ha cometido un ecocidio, efectuado en una zona del municipio Iribarren conocida como Loma Verde, donde han deforestado más de 48 hectáreas que son catalogadas como reserva forestal.
“Hay un decreto del Ministerio del Ambiente que prohíbe de forma explícita cualquier movilización o deforestación de esta área. Sin embargo la gobernación del estado Lara, desconociendo estos lineamientos, ha arremetido de manera directa, colocando maquinarias que constituyen un delito ambiental” explicó Pérez a los medios.
Por último dijo que esta actividad nada tiene que ver con algún tipo de retaliación política en contra de Falcón. “Queremos decirle responsablemente al país que no tiene que ver con tendencias políticas. Ningún diputado y ningún gobernador tiene patente de corso para agredir mujeres o destruir el medio ambiente”, explicó.