Al director del Banco Mundial y al procurador general nombrado por el diputado Juan Guaidó se les señala de complicidad para apoderarse de Citgo y entregarla a la petrolera Conoco Phillips
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El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela pidió este jueves abrir una investigación contra del director del Banco Mundial (BM), David Malpass, por actuar en complicidad con el abogado José Ignacio Hernández, supuesto procurador general nombrado por el diputado Juan Guaidó, con el propósito de apoderarse de Citgo y entregarla a la petrolera Conoco Phillips.
El anuncio fue hecho por la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores, en compañía del procurador general de la República Bolivariana de Venezuela, Reinaldo Muñoz.
Entre las pruebas mostradas por Rodríguez se encontraba un audio en el que Hernández confiesa que “personalmente” está confabulado con Malpass para avanzar en la estrategia de despojar de la defensa legítima al procurador general de la República, Reinaldo Muñoz.
Recordó que en febrero de 2019, Guaidó designó a Hernández para usurpar funciones del procurador especial. Hernández, luego de esta acción ilegal, dirigió una misiva al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el 27 de marzo, con la intención de que este organismo desconociera al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, petición que no fue aceptada por la Secretaría General debido a que no era competente para proceder, sino que se trataba de una cuestión que debía ser dirimida en un tribunal internacional.
“El 30 de mayo, este estafador usurpador Ignacio Hernández vuelve a enviar una carta a la Ciadi pidiendo que se desconozca al representante legítimo de Venezuela, y que sea él el que va a representar a los intereses de la República”, recordó la vicepresidenta.
En esta oportunidad el Ciadi ratifico su negativa a aceptarlo como representante de Venezuela y le recordó cuáles eran los mecanismos legales.
En el audio, Hernández, quien ha representado a empresas con intereses económicos distintos a los de la República, reconoció que la articulación con Malpass le ha generado dos victorias que incluyen la posibilidad de actuar contrariamente a los intereses del pueblo venezolano.
Rodríguez apuntó: “Estos dos cómplices actuaron en connivencia para favorecer a la petrolera Conoco Phillips, frente a la negativa de la secretaria general de la Ciadi de reconocer a este usurpador”.
A pesar de que en distintas oportunidades el Ciadi negó el reconocimiento del usurpador de Guaidó, el 3 de abril de este año, el Comité de Anulaciones de esta instancia, de la que forma parte Malpass, decidió que Conoco Phillips tiene dos representantes: el usurpador Hernández y el legítimo representante jurídico judicial y extrajudicial de Venezuela, Gerardo Muñoz.
“Está muy clara la complicidad y los tribunales de los Estados Unidos de Norte América tendrán que ver qué tipo de delito se ha cometido en su jurisdicción. Tendrán que ver los otros acreedores de Citgo cómo se están viendo afectado sus intereses”, subrayó Rodríguez.
FALSO PROCURADOR
En el audio presentado por la vicepresidenta, Hernández confesó que el cargo de procurador especial, asignado por el opositor Juan Guaidó para usurpar las funciones del procurador general de la República Reinaldo Muñoz, nunca existió.
La grabación es una interpelación realizada en días recientes a Hernández por la Comisión de Petróleo y Energía de la Asamblea Nacional en desacato, donde participaron los diputados opositores Elías Matta (Un Nuevo Tiempo), Óscar Ronderos (Acción Democrática), Jorge Millán (Primero Justicia) y Luis Stefanelli (Voluntad Popular), en la que el abogado admitió que tal “procuraduría especial” nunca funcionó.
“La oficina del procurador no tiene funcionarios, aquí no hay funcionarios, no hay estructura, no hay burocracia, no hay nada. Entonces, yo con respeto digo: de qué funcionarios se habla, cuáles formalidades se habla. Entonces hay una gran inconsistencia entre estos formalismos jurídicos que se pretenden exigir y la realidad de que la oficina del procurador especial no existe. No existe, no ha existido nunca”, reveló el falso procurador.
ACTOS DE CORRUPCIÓN CONTRA PDVSA
En la alocución Rodríguez también presentó pruebas sobre la implicación de Ricardo Ramos D’Agostino, hijo del diputado opositor Henry Ramos Allup, al que implican en un esquema de corrupción para estafar a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y favorecer a 27 empresas petroleras.
La vicepresidenta ejecutiva mostró evidencias de la actuación de José Ignacio Hernández para favorecer a Ramos D’Agostino y a su socio, Francisco Morillo.
Indicó que Pdvsa y la República tienen un caso judicial abierto en Estados Unidos y Suiza por un fraude contra la estatal petrolera por más de 10.000 millones de dólares, en el que el principal implicado es Morillo.
Detalló que durante 10 años, Morillo y un conjunto de empresas petroleras tuvieron acceso a toda la información de la estatal petrolera venezolana que circulaba por sus redes internas, la cual fue desviada hacia Estados Unidos, Panamá y Suiza.
Por eso que el caso judicial contra Morillo se abre en Estados Unidos y Suiza a petición de Pdvsa y la República Bolivariana de Venezuela.
“Eso explica por qué en tres oportunidades el diputado a la Asamblea Nacional en desacato Henry Ramos Allup introduce tres proyectos de acuerdos para que fuese declarado usurpador el legítimo procurador general de la República, Reinaldo Muñoz, y fuese sancionado por el Gobierno de Estados Unidos”, apuntó.
El interés de Ramos Allup en el caso es que uno de sus hijos es socio de Morillo. Hay documentos que demuestran que Ramos D’Agostino lo ayudó a lavar parte del dinero del esquema de corrupción, explicó la vicepresidenta.
Los acuerdos aprobados por la Asamblea Nacional en desacato fueron llevados a los juicios que cursan en Estados Unidos para evitar que Morillo fuese juzgado. Hernández también envió abogados a Suiza para intentar cerrar el caso “en nombre de Venezuela”. “Esta trama criminal fue el resultado de un pacto entre Guaidó, el prófugo de la justicia Leopoldo López y Ramos Allup”, apuntó la Rodríguez, quien anunció que se solicitó al fiscal general de la República, Tarek William Saab, que se determinen las responsabilidades penales en estos casos.
Entramado criminal contra la patria
Rodríguez detalló la participación de los grupos extremistas de la oposición venezolana en “el entramado de crimen internacional contra Venezuela”.
Precisó que en varias ocasiones se ha denunciado con pruebas contundentes “este fantoche que ha pretendido presentar el diputado juan Guaidó frente al país como un proyecto político, y lo que debemos saber es que en realidad es una cooperación criminal donde participan líderes de la oposición venezolana como Leopoldo López, Juan Guaidó y otros que buscan socavar los intereses de Venezuela y apodarse de los activos financieros del país”.
Añadió, que se apoderaron de las empresas venezolanas en el extranjero, y que no todos los activos financieros de la nación bolivariana que están congelados se encuentran en cuentas, sino que muchos ya han sido trasladados a las cuentas de la Reserva Federal de Estados Unidos.
“Un vulgar despojo de los recursos de Venezuela, porque esos recursos que fueron robados no son para ser usados por el pueblo, sino por intereses propios de esos líderes anteriormente mencionados”, expresó Rodríguez, quien reveló que las ganancias de Citgo son depositadas en cuentas de Juan Guaidó.
A su vez, declaró el Gobierno Bolivariano ha denunciado durante años lo que ha significado para el país el reconocimiento internacional de Guaidó, de un gobierno paralelo que no existe, pero que sí tiene implicaciones en el robo de los recursos financieros de las empresas venezolanas.