La indignación persiste, no sólo en México, sino en todo el mundo, cuando se cumple un año de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, luego de ser atacados por la policía municipal de Iguala, en el estado de Guerrero, al sur del país.
Con una huelga de hambre encabezada por los familiares de los desaparecidos, se iniciaron las jornadas de protesta en este aniversario, reclamando justicia en este crimen cuyos responsables, impunes hasta ahora, pertenecen a los más altos círculos de poder político, económico y policial de la sociedad mexicana.
La tragedia de los 43, permitió sacar a la luz pública la existencia de miles y miles más que han desaparecido antes y después. Sólo en Iguala, se añaden a los normalistas, unos 292. La gente ha perdido el miedo de denunciar.
El presidente Enrique Peña Nieto, intenta utilizar la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para desestimar pruebas científicas que responsabilizan directamente a ciertas instituciones del Estado.
Como se sabe, la CIDH y otros organismos pro-imperialistas, bajo su camuflaje de defensores de Derechos Humanos, pretenden minimizar los hechos para impedir que la verdad salga a flote y el Estado mexicano asuma su responsabilidad en estos crímenes de lesa humanidad.
Es la misma doble moral que aplican en Venezuela, pero al revés. Aquí tratan de disculpar a los autores intelectuales de la muerte de 43 venezolanos inocentes, asesinados injustamente por la violencia de la derecha opositora y fascista durante las guarimbas.
Pero el pueblo quiere justicia. Ni perdón, ni olvido para
nuestros 43.