La última medida de aumentar el bono de alimentación, o “cestaticket socialista”, es una compensación o subsidio directo para enfrentar la creciente inflación y especulación.
Si lo analizamos desde la óptica laboral es claro que se trata de una bonificación del salario, postura que los laboralistas siempre han rechazado porque no se incrementan las prestaciones sociales.
Mas, como una medida excepcional y coyuntural, es una forma de preservar el salario y contribuir así a la compra de alimentos para la familia de las trabajadoras y los trabajadores.
Esa medida beneficia a los jubilados y pensionados de la Administración Pública que ya tienen el beneficio del bono alimentario, aunque valga decirlo, hay instituciones que no cumplen la norma utilizando otras figuras de bonos compensatorios.
Los que quedan al margen son los pensionados y pensionadas del seguro social. Estos son tres millones de personas que sufren el mismo impacto inflacionario del personal activo, mucho mas si tomamos en cuenta que utilizan parte de su ingreso en la compra de medicinas.
Otorgar un beneficio igual es un poco complicado, porque se necesita crear un sistema con Tarjetas de Débito, afiliadas a sus respectivas entidades bancarias.
La alternativa es un aumento proporcional a la pensión del seguro social, independiente del aumento del salario mínimo, tomando como referencia el valor de la cestaticket o bono alimentario.
El aumento puede ser financiado por los excedentes del Impuesto Sobre la Renta, las ganancias de la Cantv. Es un paliativo, porque la solución es destinar una “gota de petróleo” para crear el Fondo de Pensiones.
Así se produce un subsidio directo a mas de tres millones de personas amparadas por la seguridad social.