Por: Arturo Tremont
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Los subsidios directos son utilizados en muchos países, como una forma de contribuir al bienestar de la familia con aportes económicos o en especies.
En el mundo del trabajo los sindicatos incorporan cláusulas en los convenios colectivos que obligan al empleador, público o privado, a conceder beneficios directos a los hijos de los trabajadores, mediante becas y pagos de útiles escolares.
Es lo que se denomina el “salario social”, pues el ingreso monetario va complementándose con pagos que permiten cubrir total o parcialmente las obligaciones sociales.
Es comprensible que en períodos de crisis económica, con alta inflación y precios cambiantes cada día, el Estado haya incrementado profusamente la distribución de bonos, para mitigar el impacto de la disminución del ingreso real de los venezolanos.
A nuestro juicio, no deberían entregarse bonos para cada circunstancia o fecha en particular. Quizás prive el impacto económico, la cantidad de dinero disponible, o como es natural, la intencionalidad política en tiempos electorales.
Lo ideal en una política social de subsidios directos sería mantener, hasta tanto existan los problemas económicos, una ayuda directa al grupo familiar, planificado para los sectores más vulnerables y procurando impactar a las familias más numerosas.
Consolidar los montos destinados a los diferentes bonos y agruparlos en uno solo, aplicable a los hogares. Tales medidas deberían ser acompañadas de la venta a bajo precio de las cajas o bolsas de alimentación,
los comedores populares, además de un programa especial de alimentación a los niños y niñas que acudan a los centros educativos.
El concepto de protección social simboliza la vía para enfrentar las necesidades sociales.