El superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), William Contreras, anunció este miércoles, una venta supervisada de toda la ropa para niños y niñas de las tiendas EPK en todo el territorio nacional, a partir del día jueves 22 de diciembre.
“Estamos aquí, porque a partir del día de mañana, (jueves), hemos ordenado a esta empresa (El Principito, EPK), aplicando la Ley Orgánica de Precios Justos, una reducción inmediata en las 31 tiendas que tienen a nivel nacional, de todos los precios de venta de esta ropa para niños y niñas que se encuentra disponible, tanto en las tiendas como en estos almacenes”, anunció Contreras en un contacto informativo de Venezolana de Televisión.
Explicó que la razón de aplicar esta medida a esta empresa, es que fue objeto “de un seguimiento desde el 8 de noviembre. El 1 de diciembre se le ordenó (por la Sundde) no modificar los precios hasta que no se terminara el proceso de auditoría que se le estaba haciendo, pero el 3 de diciembre esta empresa presentó una oferta engañosa: incrementó los precios en aproximadamente 200 % para ofrecer una reducción del 30%. Una reducción falsa del precio”.
Desde los depósitos de la empresa en El Llanito, denunció que a esa situación se agrega que cuando la Sundde visitó las instalaciones administrativas, así como sus 31 tiendas, “el precio notificado el 11 de noviembre es distinto al precio que reportan el 15 de diciembre, y, a su vez, distinto al precio de venta en las tiendas”.
“De acuerdo al equipo de análisis de costos y precios de la Sundde, el promedio de especulación es de un 541%, en relación a la estructura de costos y desconociendo todos los componentes de costos, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico”, señaló Contreras.
Aclaró que por estas razones está ordenando una “venta supervisada” de toda su mercadería en las 31 tiendas del país. “A partir de mañana va a haber una reducción sustantiva en los precios”, aseguró el funcionario.
Contreras destacó que solicitaron al Ministerio Público y al Sebin «una investigación por presunción de desestabilización económica».
